Reactivación o embargo económico de nuestro futuro

La receta que se impulsa bajo la orientación del Fondo Monetario Internacional contempla, entre otras medidas, la reducción o eliminación de subsidios a los combustibles. Es una decisión que, según múltiples analistas económicos, tendrá un impacto directo y desproporcionado sobre los salarios e ingresos de la población, cuya capacidad de compra ya ha venido reduciéndose en los últimos años. El ajuste podría profundizar la pobreza entre trabajadores, jubilados y pequeños empresarios, así como elevar el desempleo y encarecer los alimentos. Preocupa especialmente que, mientras se exige este sacrificio a la mayoría, sectores como la gran minería mantengan regímenes tributarios y beneficios que, según diversos especialistas, los dejan al margen de compartir proporcionalmente la carga del ajuste.

La historia nos ofrece lecciones relevantes. En las décadas de 1980 y 1990, Bolivia enfrentó situaciones muy similares: restricción fiscal, recorte de subsidios y deuda externa creciente. Para contextualizar, a finales de los años 90 —según informes del Banco Central de Bolivia— la deuda externa pública rondaba los 5.000 millones de dólares. En ese periodo, las regalías y pagos por el gas en boca de pozo se situaban alrededor de 0,80 centavos de dólar por unidad, mientras en mercados internacionales se comercializaba hasta a 5 dólares, según registros de la época. En conjunto, las salidas de capital por utilidades, intereses y concesiones superaban los 6.000 millones de dólares anuales en el periodo 1996–1999, calculados sobre datos de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) y el Banco Central. El país recibía por el gas cerca de 300 millones de dólares anuales y destinaba 200 millones solo al pago de intereses de la deuda, sin lograr reducir sustancialmente el capital adeudado.

Es justo señalar que no hubo un solo responsable. Gobiernos de distintas siglas —UDP, MIR, MNR— aplicaron políticas que, con argumentos diferentes, favorecieron la fuga de capitales, la privatización de empresas estatales y la persistencia de desigualdades. Algunos se presentaron como socialistas, otros como neoliberales; en común tuvieron que, en la práctica, no lograron consolidar un modelo económico soberano e incluyente. Esa experiencia histórica nos enseña que las decisiones de hoy tienen repercusiones duraderas. Ente ellas esta la modificación de contratos del gas con las transnacionales al 50 % con el estado y se asumió los precios internacionales que favorecieron con aproximadamente 3000 millones de dólares de ingreso para Bolivia. Pero en esa reforma estaba antes como conseciones la subvención de combustibles y casi le costó la cabeza de Evo Morales cuando se dio cuenta que ahor también debía pagar el precio internacional y quiso quitar la subvención y no pudo así que esa herencia la tenemos hasta la actualidad.

Sobre el presente: el gobierno de Rodrigo Paz ha presentado un programa económico y ha tomado decisiones financieras concretas. Sin embargo, como observador y analista de la realidad nacional, sostengo que a juicio personal falta un plan de Estado de largo alcance, una filosofía geopolítica clara y una estrategia definida para la industrialización de nuestros recursos o el fortalecimiento sostenido del mercado interno. Es una valoración, no una afirmación absoluta: hay quienes consideran que las medidas adoptadas son necesarias; otros, entre quienes me cuento, estiman que el rumbo es insuficiente y que la gestión se ha concentrado en la coyuntura financiera inmediata, sin respuesta estructural a la crisis. La medida de excepción que ha sostenido parte de la gestión se agota; la escasez de combustibles, la devaluación gradual que erosiona los salarios y la ausencia de reformas profundas están generando malestar y movilización en distintos sectores del país.

En cuanto a la evolución económica: recortar subsidios sin medidas compensatorias ni políticas de reactivación simultáneas podría —no es certeza, es riesgo— acelerar la subida generalizada de precios y abrir una espiral inflacionaria semejante a episodios de la década de 1980. No es un desenlace inevitable, pero sí un escenario plausible que merece atención, sobre todo porque el endeudamiento externo sigue creciendo. Si la mayor parte de los recursos nuevos se destina a honrar compromisos financieros, es difícil esperar que se generen a la vez obras, empleo y vivienda en la escala que el país necesita.

Finalmente, respecto a la convivencia social: estudios nacionales e internacionales —entre ellos informes de la ONUDD y organismos de desarrollo— han documentado una correlación entre aumento de pobreza, desempleo y debilidad institucional con el crecimiento de la inseguridad y actividades ilícitas. No es una relación automática ni única, pero el riesgo existe y debe ser prevenido.

La situación es compleja, con visiones encontradas. Lo que está en juego es el futuro de todos. Debatir, vigilar y exigir claridad a quienes gobiernan no es oponerse al país: es ejercer la ciudadanía . Así que ajustarse el cinturón de seguridad y que sobreviva el que pueda.

* Franz Tamayo Daza
Es analista político