“La política es el arte de lo imposible”, pero debemos ponerle límites en bien de todos.

Por Ascanio J. Nava Rodriguez

Al arte de lo imposible pongámosle reglas de juego claras para que no vulnere ni enerve el mandato constitucional, cualquier acuerdo político nervioso o interesado, pone en riesgo el futuro de la democracia.

Desde una perspectiva estrictamente constitucional, el punto central es determinar si existe alguna vía jurídica para anticipar un referéndum revocatorio cuando la propia Constitución establece un plazo específico para su activación, Art. 240. II “cuando haya transcurrido al menos la mitad del tiempo de mandato”

El artículo 240 de la Constitución Política del Estado boliviano dispone que el mandato de determinadas autoridades electas puede ser revocado mediante referéndum, pero también fija condiciones temporales para su ejercicio. Si la Constitución exige que haya transcurrido un determinado tiempo de mandato, ese requisito forma parte del diseño constitucional de la institución y no parece una condición accesoria susceptible de ser ignorada por mera voluntad política.

Desde la doctrina constitucional clásica, cuando una norma constitucional es clara, precisa y no presenta ambigüedad interpretativa, opera el principio latino in claris non fit interpretatio (“cuando el texto es claro, no cabe interpretación correctiva”). En consecuencia, una interpretación que elimine o neutralice un requisito temporal expresamente establecido podría convertirse en una reforma material de la Constitución realizada por una vía distinta a la prevista para reformarla.

¿Puede el Legislativo “interpretar” el artículo 240?

En términos generales, no debería poder hacerlo de manera que altere su contenido esencial.

Interpretar una norma significa precisar su alcance dentro de los límites de su texto. Otra cosa distinta es sustituir el contenido de la norma o dejar sin efecto uno de sus requisitos. Si la Constitución dice que el revocatorio procede después de determinado tiempo de gestión, una “interpretación” que permita hacerlo antes podría ser considerada una modificación encubierta de la Constitución.

¿Existe alguna figura constitucional de emergencia equivalente?

A primera vista, no existe en la Constitución una figura que permita adelantar discrecionalmente un referéndum revocatorio presidencial por razones de crisis política o conflictividad social.

Las salidas constitucionales ordinarias para una crisis de gobernabilidad suelen ser otras:

-Renuncia voluntaria del Presidente.

-Sucesión constitucional en caso de renuncia, muerte, incapacidad o impedimento.

-Juicio de responsabilidades, cuando correspondiera jurídicamente.

-Reforma constitucional mediante los mecanismos previstos por la propia

Constitución.

-Acuerdos políticos para convocar elecciones futuras dentro de los cauces constitucionales.

El problema del precedente constitucional

Aquí aparece uno de los argumentos más importantes de la doctrina constitucional contemporánea: la preservación de la estabilidad de las reglas del juego.

Si se admitiera que una presión social suficientemente intensa puede suspender requisitos constitucionales expresos, se generaría un precedente potencialmente peligroso. Mañana otro gobierno, otra mayoría parlamentaria u otro movimiento social podría invocar la misma lógica para alterar otros límites constitucionales.

Por ello, autores como Kelsen, Loewenstein o García de Enterría sostienen que la fuerza normativa de la Constitución radica precisamente en que sus reglas obligan incluso cuando resultan políticamente incómodas.

¿Es un tema cerrado?

Jurídicamente, podría sostenerse que el artículo 240 configura una regla cerrada respecto al momento de activación del revocatorio.

Políticamente, siempre pueden construirse acuerdos, narrativas o presiones para buscar soluciones extraordinarias. Sin embargo, desde la óptica del constitucionalismo democrático, la pregunta no es si una medida puede generar consenso político, sino si encuentra fundamento dentro de la Constitución vigente. Si la Constitución fija expresamente un plazo mínimo para ejercer el revocatorio, la posición doctrinal más sólida suele ser que dicho requisito solo puede ser removido mediante una reforma constitucional válida y no mediante acuerdos políticos, interpretaciones extensivas o decisiones coyunturales motivadas por una crisis concreta.

En ese sentido, el debate deja de ser sobre la conveniencia política del revocatorio y pasa a ser sobre la supremacía constitucional: si la Constitución puede ser desplazada por una necesidad política inmediata, o si precisamente existe para imponer límites incluso en momentos de máxima tensión política y social.