El Súper Niño y el costo de la imprevisión

El 28 de septiembre pasado, la ciudad de Villamontes reportó una temperatura de 49 grados, una de las más altas registradas en Bolivia; en los últimos meses, en varios municipios se han producido granizadas, lluvias y ventarrones de intensidad inusitada; y hace algunas semanas se informó que las reservas de agua de las lagunas de Potosí se encuentran al 29% de su capacidad. Estas señales ya advierten los efectos de un fenómeno climático extremo, al que popularmente se ha denominado “El Súper Niño”, causado por cambios en la temperatura del Océano Pacífico.

Aunque esta anomalía ocurre periódicamente, la Organización Meteorológica Mundial prevé que este año será más agresiva. La temperatura en la superficie del Pacífico ecuatorial, se incrementará en al menos 3.7 °C, sobrepasando el margen extremo observado en 2015. En Bolivia, las consecuencias podrían ser más graves que los desastres climáticos de 1982, que provocaron una de las sequías más severas del siglo XX en el Altiplano; los de 1997 que ocasionaron el colapso del sector agrícola en esa zona e inundaciones devastadoras en el oriente; y de 2015 que desencadenaron racionamientos de agua potable en La Paz, Potosí y Sucre, provocaron la desecación acelerada del Lago Poopó y generaron pérdidas económicas cercanas a los 2.000 millones de dólares, según estimaciones de la CAF y la CEPAL.

El problema no se limita a las temperaturas. Una sequía prolongada, una inundación extraordinaria o nevadas extendidas pueden afectar simultáneamente la producción agropecuaria, el abastecimiento de alimentos, la infraestructura caminera, las exportaciones y los ingresos fiscales. Si esos efectos se producen en una economía que ya enfrenta restricciones financieras, aumento del costo de vida, incremento del precio de los carburantes, dificultades productivas y una limitada capacidad de respuesta, el daño puede ser considerable e insostenible.

Otro factor agravante es la diversidad geográfica de nuestro país. El efecto climático puede ser distinto según las zonas. Incluso dentro de una misma región, un área puede sufrir déficit de lluvias mientras otra experimenta precipitaciones intensas.

De acuerdo con las experiencias anteriores y la opinión de expertos, la región amazónica y los departamentos de Santa Cruz y Beni podrían presentar una combinación de lluvias intensas, inundaciones, temperaturas elevadas y períodos secos, mientras que el Chaco es más propenso a sufrir sequías recurrentes y calores extremos, lo que, de prolongarse, reduciría la disponibilidad de agua superficial y subterránea.

En el Altiplano de La Paz, Oruro y Potosí la menor cantidad de lluvias puede perjudicar las fechas de siembra, la humedad del suelo y la disponibilidad de agua, mientras las heladas pueden dañar severamente los cultivos y poner en riesgo los hatos de camélidos. En los valles de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija las lluvias podrían ser muy irregulares y generar una disminución de las cosechas, retrasando el calendario agrícola, afectando los sistemas de riego y disminuyendo la disponibilidad de agua almacenada.

El impacto no termina en el campo. El déficit de producción en una zona puede elevar la demanda sobre otra; una inundación puede impedir que una región con cosecha disponible abastezca al mercado; y una sequía puede afectar simultáneamente la producción y el transporte. Esto sin considerar los daños a la ganadería, avicultura, porcicultura y producción lechera.

El escenario más preocupante sería aquel en que el fenómeno climático termina, pero sus consecuencias continúan. Cuando sus secuelas se transmiten a los demás rubros, la crisis deja de ser exclusivamente climática y se convierte en una catástrofe económica con pérdida de capacidad productiva y patrimonial.

Frente a estos riesgos extremos, las medidas que está tomando el gobierno central son importantes, pero todavía insuficientes y tardías. Hasta ahora no pasan de la activación del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional y el anuncio de coordinación con los gobiernos locales, aunque sin mencionar el alcance, el financiamiento, la cobertura territorial y la urgencia. La preparación frente a un riesgo extraordinario debe traducirse en decisiones operativas, recursos, responsabilidades y capacidad de ejecución.

El Super Niño es ante todo una prueba de la capacidad de Bolivia para proteger su producción, su economía y a sus ciudadanos. La experiencia demuestra que el costo de un desastre no se mide únicamente por lo que destruye, sino también por lo que impide producir, por las inversiones que se postergan y por los hogares que quedan sin capacidad para recuperarse.

Por eso, la prevención no puede ser una tarea secundaria ni una declaración de buenas intenciones. Debe convertirse en una prioridad nacional, respaldada por recursos, responsabilidades concretas y resultados verificables. La pregunta no es solamente cuánto puede afectarnos, sino cuánto de ese daño podemos evitar si empezamos a prepararnos en serio desde hoy.

* Ronald Nostas Ardaya
Industrial y ex Presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia