Global Witness reporta 124 asesinatos de defensores ambientales en 2025

Informe de Global Witness sobre violencia contra defensores ambientales

El nuevo informe de Global Witness (Testigo Global es una organización no gubernamental), titulado “Poder colectivo: la lucha por la protección de las personas defensoras del territorio y el medio ambiente”, advierte que, en 2025, al menos 124 personas defensoras fueron asesinadas en el mundo.

De esos crímenes, 105 —casi el 85 %— ocurrieron en América Latina. La organización ha documentado 2.375 asesinatos y desapariciones desde que comenzó este registro en 2012. Aunque los asesinatos disminuyeron frente a los 142 y las cuatro desapariciones registrados en 2024, Global Witness advierte que las cifras probablemente subestiman la magnitud real de la violencia.

“Si bien la cifra de asesinatos se redujo, hemos visto que los casos de criminalización de alguna manera han aumentado”, explica Juliana Vélez Echeverri, senior de campaña de Global Witness. Los asesinatos son solo una parte de un panorama que incluye amenazas, desapariciones, acusaciones penales, intimidación y campañas de desprestigio que ponen en riesgo a las personas defensoras, informó Mongabay.

Colombia y Brasil: los países más peligrosos

Colombia fue, por cuarto año consecutivo, el país más peligroso del mundo para estas personas, con 39 asesinatos —nueve menos que los 48 documentados en 2024—. Brasil tuvo un incremento notable, pasando de 12 a 26 casos, más del doble en un año. Juntos, ambos países concentraron el 52 % de los asesinatos registrados en 2025.

• Honduras: aumentó de seis asesinatos en 2024 a 12 en 2025.
• Guatemala: bajó de 20 a ocho.
• México: disminuyó de 19 a 10.
• Perú: registró cuatro asesinatos.
• Nicaragua y Ecuador: tres cada uno.

Ocho de los diez países con mayor número de asesinatos se encuentran en América Latina. De los 39 asesinatos ocurridos en Colombia, 35 estuvieron relacionados con conflictos territoriales. El departamento de Cauca concentró 13 asesinatos, incluidos los de cuatro integrantes de guardias indígenas. Desde 2012, Global Witness ha registrado 171 casos allí, la cifra acumulada más alta en un departamento. Esta violencia se relaciona con la ubicación estratégica de Cauca para las rutas de exportación de cocaína y la expansión de la minería ilegal.

Aumento de la violencia en Brasil

En Brasil, la mayoría de los 26 asesinatos se relacionó con demandas de reconocimiento de territorios ancestrales y reforma agraria. Entre las víctimas había 11 campesinos y siete indígenas. Los ataques se concentraron en los estados amazónicos de Rondônia y Pará, donde el avance de las fronteras agrícolas y extractivas está acompañado por invasiones y violencia impulsada por taladores ilegales. “En Brasil también se reportó un aumento grande, sobre todo porque los casos que reportamos son masacres”, explica Vélez.

A nivel mundial, las disputas territoriales estuvieron vinculadas con 84 de los 124 asesinatos. Global Witness también relacionó 11 muertes con la minería y otras industrias extractivas. “Podemos ver que al crimen organizado se le facilita actuar donde el Estado ha fallado”, dice Vélez.

Impacto sobre comunidades indígenas y campesinas

Más de tres cuartas partes de las víctimas documentadas en 2025 eran indígenas, campesinas o afrodescendientes: 47 eran pequeños agricultores, 44 pertenecían a pueblos indígenas y tres eran afrodescendientes. Las defensoras enfrentan agresiones persistentes; entre 2012 y 2023, se documentaron más de 30.000 ataques no letales contra mujeres en México y Centroamérica. Aunque los asesinatos disminuyeron en México, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) registró 107 casos de criminalización.

La desaparición también sigue siendo un problema central; en Guerrero fue asesinado un defensor que buscaba a su hermano desaparecido desde 2021. “En México los defensores han sido asesinados y hay un contexto profundo de desapariciones forzadas”, sostiene Vélez.

Mecanismos de protección colectiva

Global Witness documenta mecanismos de protección colectiva como patrullas territoriales y sistemas de alerta temprana. Un caso destacado es el del pueblo kakataibo en Perú, cuyo territorio ancestral ha perdido aproximadamente una quinta parte de su cobertura arbórea entre 2000 y 2023. La presión se ha intensificado con el narcotráfico; entre 2019 y 2023, los cultivos de coca aumentaron más del 600 %. “La guardia es un nombre que hemos dado, pero la resistencia siempre ha existido”, explica Segundo Ispón, líder kakataibo. “Nuestra resistencia tiene más fuerza; estamos más empoderados”. Sin embargo, las comunidades enfrentan represalias al intentar proteger su territorio.

Las medidas estatales no se han aplicado adecuadamente; “podré sentirme protegido cuando tenga un chaleco antibalas”, afirma Ispón. El informe recomienda que los gobiernos reconozcan y financien la protección colectiva e integren estos mecanismos en sus políticas. Además, plantea que deben ser civiles y basados en derechos.

Las organizaciones enfrentan restricciones al espacio cívico; la ayuda mundial para el desarrollo cayó un 23 % en 2025. “Si no sabemos qué está pasando, es muy difícil responder a lo que no conocemos”, advierte Vélez. Mientras las grandes cumbres internacionales debaten el futuro del planeta, hombres y mujeres son ejecutados por proteger los bosques que nos mantienen con vida a todos.