Ficha informativa
La promulgación del Decreto Supremo 5613 en Bolivia ha generado una crisis institucional en el sector productivo, llevando a la Cámara Forestal de Bolivia a declarar estado de emergencia y exigir su anulación por vulnerar la seguridad jurídica.
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Contexto:
La Cámara Forestal de Bolivia (CFB) denuncia que el decreto instruye a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) a revisar concesiones vigentes. El Gobierno argumenta que busca garantizar la Función Económico-Social (FES) y redistribuir tierras subutilizadas entre comunidades sin tierra.
La CFB enfatiza que el país debería enfocarse en una política “post-saneamiento” para garantizar estabilidad, pero denuncia que el DS 5613 genera un clima de confrontación y presiones por parte de grupos informales.
Por qué importa:
El decreto genera incertidumbre que paraliza inversiones a largo plazo, afecta la estabilidad económica del sector exportador y podría incrementar el riesgo de deforestación. También se pone en riesgo la paz social en áreas rurales.
Datos clave:
- Decreto Supremo 5613
- Fecha de declaración de emergencia: 28 de abril de 2026
- Artículo 5, inciso d): identificado como un “reconocimiento a ocupaciones de hecho”
El rechazo al Decreto Supremo 5613
La promulgación del Decreto Supremo 5613 ha desatado una crisis institucional en el sector productivo boliviano. La Cámara Forestal de Bolivia (CFB) se declaró en estado de emergencia el 28 de abril de 2026, denunciando que la norma instruye a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) a revisar las concesiones vigentes para su posible reversión al Estado.
Inseguridad jurídica y derechos consolidados
Según el sector privado, esta medida vulnera la seguridad jurídica y contradice la Constitución Política del Estado, al poner en duda derechos consolidados sobre áreas de conservación que operan bajo planes de manejo sostenible. El punto de mayor fricción reside en el artículo 5, inciso d), el cual la CFB identifica como un “reconocimiento a ocupaciones de hecho”.
Peligro para el ordenamiento territorial
La institución advierte que este apartado sienta un precedente peligroso para el ordenamiento territorial, ya que parece legitimar asentamientos irregulares dentro de tierras con derechos forestales legalmente otorgados. Esta “legalización de la informalidad” no solo afecta a los empresarios que cumplen con la normativa ambiental, sino que incentiva la invasión de tierras destinadas a la preservación del bosque, desplazando la seguridad jurídica por intereses políticos de corto plazo.
Argumentos del Gobierno Nacional
Por su parte, el Gobierno Nacional sostiene que el decreto es una herramienta necesaria para garantizar el cumplimiento de la Función Económico-Social (FES). Voceros oficiales argumentan que la revisión de las concesiones busca identificar tierras subutilizadas o en situación de abandono para redistribuirlas entre comunidades campesinas e indígenas sin tierra.
No busca castigar la producción
Desde la perspectiva gubernamental, la norma no busca castigar la producción, sino verificar que la tenencia de la tierra se ajuste estrictamente a la documentación legal y a los Planes de Uso de Suelo (PLUS) vigentes, combatiendo la especulación latifundista en el sector forestal.
Impacto económico y preocupación del sector exportador
Sin embargo, el impacto económico preocupa al sector exportador. El presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Oswaldo Barriga Karlbaum, señaló que la incertidumbre generada paraliza las inversiones de largo plazo, esenciales para el desarrollo sostenible.
Aumento del riesgo de deforestación
Al facilitar el cambio de uso de suelo de forestal a agrícola en zonas no aptas, se incrementa exponencialmente el riesgo de deforestación. Esto afectaría no solo la estabilidad económica de quienes manejan millones de hectáreas de bosque de forma responsable, sino también la reputación internacional de los productos forestales bolivianos ante mercados que exigen trazabilidad y respeto ambiental.
Exigencias del sector forestal
Finalmente, la CFB enfatiza que, con un proceso de saneamiento que ya ha cubierto la gran mayoría del territorio nacional, el país debería enfocarse en una política “post-saneamiento” que garantice la estabilidad. En lugar de ello, denuncian que el DS 5613 genera un clima de confrontación que pone en riesgo la paz social en las áreas rurales.
Diálogo técnico nacional necesario
Ante este escenario, el sector forestal ha exigido la anulación inmediata de la norma y la apertura de un diálogo técnico nacional que priorice el Estado de Derecho y la sostenibilidad de los recursos naturales frente a las presiones de grupos informales.
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