Subvención de diésel dejó deuda de $us 1.500M a proveedores, según senadora

La eliminación de la subvención al diésel en Bolivia ha generado un intenso debate sobre su impacto en la economía y la canasta familiar. Desde la Comisión de Combustibles de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), la senadora suplente por Oruro de la Alianza Libre, Cynthia Gutiérrez Guzmán, afirmó que el país atraviesa una insostenible sangría de divisas. La retirada del subsidio representa “un paso sin marcha atrás” para evitar un colapso económico mayor.

En una entrevista concedida a La Patria Radio, la legisladora ofreció una radiografía técnica y financiera del sector hidrocarburífero. Argumentó que las reservas del país se agotaron en la última década y que el Estado pagaba montos desproporcionados para importar combustibles y aditivos.

La raíz del problema: pérdida de reservas de crudo desde 2017

Según el balance presentado por la senadora Gutiérrez, el origen del problema se remonta a 2017, año en el que —asegura— el Estado terminó de comercializar la totalidad de sus reservas de petróleo crudo a precios por debajo de la cotización histórica. “Desde 2017 se ha vendido todo nuestro crudo, nos hemos quedado sin reservas. Lo vendieron a 22 dólares el barril y creo que quedamos con apenas 100 turriles, lo cual no abastece. A partir de esa fecha, Bolivia ya no tenía crudo para refinar ni gasolina blanca ni jet fuel”, aseveró Gutiérrez.

A raíz de esta escasez, el gobierno de Evo Morales promulgó decretos para autorizar el uso de etanol y la importación de “insumos y aditivos” (hidrocarburos fósiles pesados) para realizar el denominado blending o mezcla con gasolinas base, cubriendo hasta un 25% del volumen de distribución. Posteriormente, entre 2017 y 2023, con la escalada de los precios internacionales del crudo, la situación empeoró.

La parlamentaria señaló que bajo la gestión del presidente Luis Arce se comenzó a importar insumos de menor calidad (categoría C) al mismo costo, buscando contener el costo de la subvención. Esta estrategia finalmente colapsó ante el aumento explosivo de las cotizaciones internacionales.

Cifras alarmantes: un incremento del 600% en costos y facturas millonarias

Las cifras expuestas por Gutiérrez reflejan el encarecimiento de la importación y la carga financiera sobre el Tesoro General de la Nación:

– Escalada de costos por barril: El costo de importación del barril de diésel y crudo pasó de 28,8 dólares en años pasados a cotizaciones de hasta 130 dólares, lo que representa un incremento superior al 600%.

– Impacto en un solo embarque: La senadora reveló que únicamente en julio se detectó una diferencia de 26 millones de dólares en una sola factura y de un solo buque de diésel.

– Gasto en solo 17 días: Hasta el 17 de septiembre, el gasto estatal en subsidiar gasolina y diésel alcanzó entre 56 y 58 millones de dólares, una cifra insostenible ante la falta de ingresos por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

– Deuda acumulada: Actualmente, según la legisladora, el Estado boliviano mantiene una deuda de aproximadamente 1.500 millones de dólares acumulada desde 2025 con empresas internacionales (traders) encargadas de suministrar diésel, crudo e insumos.

Condición del FMI para el crédito de 1.900 millones de dólares

Ante el agotamiento de las reservas de divisas en dólares y el incremento del déficit fiscal —que según la parlamentaria podría situarse en un 15% real—, Bolivia gestiona un financiamiento externo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 1.900 millones de dólares. Sin embargo, el organismo internacional condicionó la concesión de dicho préstamo a la eliminación del subsidio al diésel. “El Fondo Monetario presentó la condición de que si nos van a proporcionar el préstamo,

debemos levantar la subvención. Si nos prestaban ese dinero manteniendo el subsidio, los traders automáticamente lo habrían debitado para cobrar las deudas pendientes, dejándonos sin recursos para obras, inversión, salud o educación”, explicó.

Gutiérrez aclaró que, en el caso de la gasolina, aún existe un margen operativo para estabilizar su precio mediante mezclas con etanol y aditivos. Sin embargo, en el caso del diésel, el costo internacional hacía imposible mantener la subvención sin comprometer las finanzas públicas.

Denuncias de contrabando y distorsiones en YPFB

La senadora orureña también denunció irregularidades y redes de contrabando en la distribución de carburantes. Indicó que transportistas e intermediarios aprovechaban la brecha de precios vendiendo diésel boliviano en las fronteras con Brasil, Perú (Desaguadero) y Argentina (Villazón), logrando márgenes de ganancia superiores al 100%.

Asimismo, criticó la gestión interna en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), afirmando que se detectaron cobros irregulares de hasta un boliviano por litro en plantas de almacenaje como las de Santa Cruz para priorizar la salida de cisternas. En ese sentido, la legisladora sugirió reestructurar el Manual de Organización y Funciones (MOF) de la estatal petrolera para renovar personal y permitir la entrada de nuevos profesionales que ayuden a transparentar la gestión.

Llamado a la regulación de precios y control a la especulación

Respecto a la afectación en la canasta familiar y el sector del transporte, Gutiérrez hizo un llamado a la responsabilidad social y exigió una intervención firme del Estado a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) y el Viceministerio de Defensa del Consumidor.

Sostuvo que el transporte público urbano trabaja en su mayoría con gasolina y gas vehicular, por lo que no existiría justificación técnica para incrementos desmedidos en los pasajes locales. Para el transporte interdepartamental e internacional, altamente dependiente del diésel, sugirió evaluar medidas compensatorias o políticas de fomento similares a esquemas implementados en gestiones pasadas.

Finalmente, la representante orureña enfatizó que el país atraviesa una coyuntura económica delicada y que la población debe tomar conciencia de la realidad fiscal: “Considero que ya no podemos retroceder, es un paso sin marcha atrás. Debemos ser conscientes de que Bolivia entró en una recesión económica. Mantener montos multimillonarios solo para satisfacer a ciertos sectores estaba asfixiando al país. Es momento de cuidar los recursos y priorizar lo que realmente importa: la educación y la salud de los bolivianos”, concluyó.