Ficha informativa
El administrador Jhonny Llave propone regularizar el cementerio clandestino de Iroco, en Oruro, mientras persisten denuncias sobre cobros irregulares y falta de autorizaciones. La Alcaldía aún no ha tomado medidas al respecto.
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Contexto:
Jhonny Llave, administrador del cementerio, denuncia que un sector de los comunarios se opone a la regularización para mantener un negocio lucrativo. Los dolientes protestan por cobros imprevistos y exigen respeto a sus derechos.
El cementerio no cuenta con autorizaciones ni licencias ambientales necesarias para operar formalmente. A pesar de la problemática, no hay pronunciamiento oficial por parte de la Alcaldía o el Concejo Municipal.
Por qué importa:
La falta de regulación puede perpetuar el funcionamiento clandestino del cementerio, afectando a las familias que enfrentan abusos económicos y vulneración de derechos. La Alcaldía debe tomar acciones para evitar mayores conflictos.
Datos clave:
- Ubicación: Iroco, Oruro
- Costos de entierros clandestinos: entre 3.000 y 15.000 dólares
- Cobros adicionales: hasta 3.800 bolivianos cada cinco años
- Número de comunarios propietarios: 17
Conflicto en el cementerio de Iroco
El conflicto en el cementerio de la comunidad de Iroco, ubicada en la ciudad de Oruro, continúa generando denuncias y contradenuncias. Mientras tanto, las autoridades locales aún no asumen acciones de ningún tipo. Jhonny Llave, uno de los administradores, aseguró que hay grupos de personas que no quieren que se regularice la situación para encubrir ilegalidades en el lugar.
Irregularidades denunciadas
Llave, quien afirma ser propietario y administrador de parte de los terrenos del camposanto, denunció públicamente que el lugar opera bajo un esquema informal que busca evadir el control de las autoridades. Según su testimonio, un sector de los 17 comunarios propietarios y miembros del sindicato de Iroco se opone firmemente a la construcción de un muro perimetral y a la realización de un censo de los restos sepultados.
Motivos detrás de la resistencia
Llave sostiene que esta resistencia tiene el propósito de mantener un negocio lucrativo basado en la venta de fosas sin exigir certificados de defunción ni documentación legal a los dolientes. Esta ausencia de registros permite el entierro clandestino de personas fallecidas en circunstancias dudosas, incluyendo casos vinculados al contrabando, muertes violentas, decesos neonatales no reportados o negligencias de curanderas.
Costos ocultos para los dolientes
Además, Llave afirmó que para estos entierros se cobran sumas que rondan entre 3 mil y 15 mil dólares para omitir los requisitos legales. Ante este panorama, ha manifestado su disposición a transferir su fracción de terreno a la Alcaldía de Oruro para viabilizar la regularización del espacio.
Protestas por cobros adicionales
En contraposición, existe un malestar creciente entre un grupo de personas que tienen a sus seres queridos sepultados en Iroco. Los dolientes se han movilizado masivamente en protestas públicas para denunciar que la administración del cementerio les exige cobros adicionales e imprevistos de hasta 3.800 bolivianos cada cinco años. Esto ocurre bajo la amenaza de exhumar los restos si no se realiza este pago por concepto de “regularización”.
Exigencias económicas consideradas abusivas
Los afectados sostienen que, al momento del entierro, cumplieron con los pagos solicitados y recibieron recibos que no estipulaban ningún límite de tiempo ni condiciones posteriores. Para las familias, estas exigencias económicas representan un abuso y una vulneración a su tranquilidad.
Situación normativa del cementerio
Por su parte, los comunarios que defienden la gestión local del cementerio argumentan el respeto a sus usos, costumbres y derechos propietarios sobre el suelo. La problemática se ve agravada por la situación normativa del camposanto. Conforme a las normas legales, el cementerio de Iroco no cuenta con las autorizaciones respectivas ni licencias ambientales requeridas para operar formalmente.
Falta de acción por parte de las autoridades
Al ser considerado un espacio que funciona al margen de las normativas municipales, es decir, clandestino, corresponde a las autoridades tomar medidas enmarcadas en la norma. Sin embargo, hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial por parte de la Alcaldía o el Concejo Municipal.
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