50/50: Gobernadores acuerdan 10 puntos fundamentales

Gobernadores de Bolivia presentan hoja de ruta

En la ciudad de Santa Cruz, este jueves 24 de septiembre, los gobernadores departamentales de Bolivia acordaron e hicieron pública una hoja de ruta de diez puntos destinada a consolidar la aplicación del sistema de distribución fiscal denominado “50-50”. Esta medida busca garantizar la autonomía económica y la sostenibilidad presupuestaria de los gobiernos regionales frente al nivel central del Estado.

Con esta resolución, las autoridades subnacionales responden a la marcada asfixia financiera que enfrentan y establecen un ultimátum al Gobierno Nacional, declarándose en estado de alerta con plazo fijado hasta el 31 de octubre de 2026 para el cumplimiento de sus demandas. Este encuentro se produce casi dos meses después de la reunión sostenida en agosto, donde los ejecutivos departamentales concertaron el Acuerdo N° 001/2026 “Agenda 50/50” junto al Presidente del Estado, Rodrigo Paz.

Propuestas para la autonomía económica

En aquella oportunidad se definieron los lineamientos iniciales para el reordenamiento de las finanzas territoriales, los cuales hoy son ratificados y profundizados ante la urgencia de aliviar las cargas presupuestarias impuestas a las regiones. En el ámbito macrofiscal, la propuesta central radica en establecer que la redistribución equitativa en partes iguales (50-50) de los ingresos fiscales sea el pilar fundamental para consolidar la autonomía de los departamentos.

Para operativizar este mecanismo, los gobernadores exigen la transferencia directa del 15% de la coparticipación tributaria proveniente de los impuestos señalados en las disposiciones transitorias tercera y cuarta de la Ley 031 (Ley Marco de Autonomías). Las autoridades recalcaron que estos recursos deben ser descontados exclusivamente de la porción que administra el nivel central, asegurando que no se afectarán las asignaciones presupuestarias que perciben las universidades públicas, los municipios ni las autonomías indígena originario campesinas, indicó Unitel.

Gestión de deuda subnacional

En cuanto a la gestión de la deuda subnacional, la hoja de ruta exige la activación inmediata del cronograma de trabajo estipulado en la Agenda 50/50 para la aplicación efectiva del Programa de Readecuación Financiera Territorial (PRFT), aprobado mediante el Decreto Supremo N° 5686. Los gobernadores plantean iniciar las tareas mediante la concertación del modelo de “Convenio Restaura” de forma conjunta entre los nueve gobiernos autónomos departamentales, atendiendo a la realidad financiera de cada región.

Este programa busca reprogramar la deuda pública regional, definir ajustes fiscales razonables y habilitar nuevos fondos de financiamiento que restablezcan el equilibrio fiscal en los departamentos. El paquete legislativo acordado por las autoridades abarca medidas urgentes de alivio presupuestario y devolución de fondos.

Demandas al Gobierno Nacional

Los diez puntos acordados por los gobernadores de seis departamentos son los siguientes:

1.-Transferir a las gobernaciones el 15 % de la coparticipación tributaria para viabilizar la distribución fiscal 50/50,

2.- Tratar prioritariamente las leyes consensuadas de modificación a la Ley 154 de Impuestos, la Ley del 50/50 y la Ley de Relaciones Internacionales.

3.- Activar el cronograma de la agenda 50/50 e implementar el Programa de Readecuación Financiera Territorial a través del Convenio Restaura.

4.- Agilizar las gestiones administrativas para el desembolso inmediato del fideicomiso Fagobol (DS 5363).

5.- Tratar la norma para eximir a las gobernaciones del financiamiento de la emisión de títulos de bachiller.

6.-Aprobar una transferencia extraordinaria por el sobrecosto del diésel, asegurar su provisión e incorporar su costo real al presupuesto 2027.

7.- Declarar estado de alerta fijando el 31 de octubre de 2026 como plazo límite para el cumplimiento de todas las demandas.

8.- Abrogar la Ley 767 hasta el 31 de octubre de 2026 y devolver a las entidades territoriales el 12% del IDH acumulado durante 2027.

9.- Promulgar y publicar la Ley de Retorno Económico para que el Tesoro General de la Nación asuma el pago de prediarios y vacunación.

10.- Frenar los débitos automáticos en curso y reponer los fondos transferidos en 2026 para prediarios y bonos de vacunación.

Impacto financiero del mercado de combustibles

Un punto crítico abordado en la cumbre es el fuerte impacto financiero derivado del mercado de combustibles. Dado que los presupuestos departamentales de 2026 fueron estructurados calculando un precio de Bs 6,73 por litro de diésel, el retiro de la subvención y la vinculación del costo final a los precios internacionales dispuestos por los decretos supremos 5516 y 5716 generaron un severo sobreprecio no presupuestado.

Amparados en el artículo 305 de la Constitución Política del Estado y los principios de coordinación y lealtad institucional establecidos en la Ley 031, los gobernadores demandan formalizar un instrumento normativo que brinde apoyo financiero. Además, solicitan una transferencia extraordinaria del TGN que compense el diferencial del diésel consumido entre la vigencia del DS 5716 y el 31 de diciembre de 2026.

Modificaciones presupuestarias necesarias

Para absorber este incremento, solicitaron también que el Ministerio de Economía autorice excepcionalmente las modificaciones presupuestarias necesarias sin afectar los límites legales. Asimismo, exigieron que el costo real del combustible sea incorporado formalmente en los techos presupuestarios del Presupuesto General del Estado 2027.

Finalmente, exigieron al Ejecutivo agilizar trámites para desembolsar recursos del Fideicomiso de Apoyo Financiero a los Gobiernos Autónomos Departamentales y Regionales (Fagobol), normado por el Decreto Supremo 5363. También demandan garantizar un trato equivalente al que reciben las municipalidades en el abastecimiento continuo de carburantes.

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