Ficha informativa
La AJAM propone medidas administrativas para regularizar trámites mineros en Bolivia, donde más del 80% de la actividad es informal. La obtención de derechos mineros puede demorar entre 10 y 15 años, lo que impulsa la minería ilegal.
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Contexto:
Jaime Sanabria, director de la AJAM, mencionó que las demoras en los procesos burocráticos son consecuencia del modelo político implementado durante los últimos 20 años. Las intervenciones estatales han descubierto operaciones a gran escala con maquinaria moderna.
La problemática no se limita a la explotación aurífera en el norte de La Paz y cuencas amazónicas, sino que también incluye minería tradicional en Potosí y operaciones clandestinas en Chuquisaca, Tarija y Oruro.
Por qué importa:
La minería ilegal representa un perjuicio severo para los intereses nacionales y está respaldada por complicidad de comunidades locales a cambio de beneficios económicos. Se requiere una simplificación y regularización de trámites para enfrentar el problema.
Datos clave:
- 80% de la actividad minera en Bolivia es ilegal.
- Obtención de derechos mineros demora entre 10 y 15 años.
- En países como Canadá, la obtención de un área minera toma aproximadamente 30 minutos.
- Inversiones en operaciones clandestinas pueden superar los 5.000.000 dólares.
AJAM propone regularizar trámites mineros en Bolivia
En un contexto marcado por la alta incidencia de la informalidad en el sector, el director de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Jaime Sanabria, planteó recientemente la adopción de medidas administrativas orientadas a regularizar los trámites mineros. Esta vía se considera un mecanismo fundamental para reducir la actividad minera ilegal en el territorio nacional.
Problemas de informalidad en la minería
Durante sus declaraciones, el funcionario reveló que más del 80% de la actividad minera en el país opera de manera ilegal. Esta problemática se atribuye directamente a las demoras prolongadas en los procesos burocráticos establecidas por el modelo político implementado durante los últimos 20 años. Al respecto, Sanabria enfatizó que la obtención de derechos mineros o licencias ambientales indispensables para ejercer una minería legal llega a demorar entre 10 y 15 años. Estos plazos han forzado a numerosos operadores a desarrollar sus labores al margen de la normativa vigente, indicó Erbol.
Comparación con otros países
Para dimensionar la magnitud del problema, el director de la AJAM contrastó esta realidad con la de otras naciones, puntualizando que en países vecinos o en naciones como Canadá, la obtención de un área minera puede concretarse en aproximadamente 30 minutos. Esto contrasta con la extrema lentitud del sistema boliviano. Por este motivo, sostuvo que la solución al conflicto no puede limitarse exclusivamente a acciones de interdicción o de carácter represivo, sino que requiere de una simplificación y regularización de los trámites administrativos que facilite el tránsito de los operadores hacia la formalidad.
Áreas afectadas por la minería ilegal
Asimismo, la autoridad precisó que este fenómeno de ilegalidad no se restringe únicamente a la explotación aurífera ubicada en el norte de La Paz y en las cuencas amazónicas. También abarca a la minería tradicional, con epicentro en el departamento de Potosí, además de operaciones clandestinas detectadas en Chuquisaca, Tarija y Oruro. Profundizando en las características de estas redes, Sanabria indicó que las intervenciones estatales han permitido descubrir operaciones a gran escala muy alejadas de la minería artesanal o de pequeña escala.
Inversiones y operaciones clandestinas
Estas operaciones están dotadas de maquinaria moderna, campamentos y grandes instalaciones, cuyas inversiones llegan a superar en determinados casos los 5 millones de dólares.
Estructura compleja de la minería ilegal
Finalmente, el titular de la AJAM advirtió que la minería ilegal opera bajo una estructura compleja, altamente organizada y respaldada en ocasiones por la propia sociedad. Según explicó, se han identificado situaciones de complicidad, encubrimiento y participación activa por parte de comunidades locales a cambio de beneficios económicos porcentuales. Ante este panorama, concluyó que la situación representa un perjuicio severo para los intereses nacionales.
Llamado a enfrentar el problema
Por lo tanto, instó a enfrentar el problema de manera seria y contundente para aprovechar el potencial de la minería como una solución a la crisis de generación de recursos económicos.
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