Ficha informativa
Una inspección de la AJAM y Felcda en Llaji Lurizani fue interrumpida el 5 de septiembre por bloqueos y detonaciones, obligando a suspender el operativo por seguridad.
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Contexto:
El operativo se activó tras una denuncia por presunta minería ilegal. Marcelo Cáceres, coordinador nacional de Minería Ilegal de la AJAM, mencionó el apoyo de comunarios locales para superar las barreras iniciales.
Las detonaciones en la zona obligaron a replegar al personal policial y servidores públicos para resguardar su integridad física.
Por qué importa:
La intervención suspendida refleja un escenario de alta tensión en la zona, con enfrentamientos entre pobladores por intereses mineros. Se coordinará una nueva intervención para verificar la denuncia original.
Datos clave:
- Fecha: 5 de septiembre de 2026
- Lugar: Llaji Lurizani, municipio de Curva, provincia Franz Tamayo, La Paz
- Puntos de obstaculización: al menos siete
Intervención en Llaji Lurizani
Una inspección conjunta entre la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y la Fuerza Especial de Lucha Contra Delitos Ambientales (Felcda) se interrumpió el 5 de septiembre en la comunidad Llaji Lurizani, municipio de Curva, provincia Franz Tamayo de La Paz. Esta interrupción ocurrió debido a bloqueos con escombros y constantes detonaciones de dinamita. Este operativo se activó tras una denuncia por presunta minería ilegal y enfrentó al menos siete puntos de obstaculización en las rutas de acceso.
Colaboración local y suspensión del operativo
Marcelo Cáceres, coordinador nacional de Minería Ilegal de la AJAM, informó que lograron superar estas barreras iniciales gracias al apoyo de comunarios locales que colaboraron en la habilitación del camino. Sin embargo, al aproximarse a un sector cercano a Chiata, en inmediaciones de Llaji Lurizani, la intensidad de las detonaciones obligó a la comisión a suspender la intervención. Esto llevó al replegamiento del personal policial y a los servidores públicos para resguardar su integridad física.
Tensión en la zona
Cáceres también señaló que la zona atraviesa un escenario de alta tensión debido a diferencias internas y enfrentamientos entre pobladores locales vinculados a intereses de explotación minera. Ante esta situación, la institución anunció que coordinará una nueva intervención con las instancias competentes para dar continuidad al control y verificar la denuncia original.
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