Ficha informativa
La intervención a YPFB revela irregularidades en la comercialización de combustibles en Bolivia, destacando despachos sin facturación y cupos duplicados.
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Contexto:
La auditoría a YPFB se realiza tras la crisis de escasez de carburantes y las largas filas de vehículos en el país durante el año 2026. El procedimiento legal exige cobrar, emitir factura y generar orden antes de entregar combustible.
La comisión interministerial e interinstitucional identificó la alteración retroactiva de datos en sistemas informáticos. Se registraron más de 40 casos donde los retiros programados se realizaron en una sola jornada.
Por qué importa:
Las irregularidades pueden derivar en responsabilidades administrativas y penales para los involucrados. Además, se busca implementar un sistema que controle el combustible desde las plantas hasta el consumidor final.
Datos clave:
- Fecha: 11 de septiembre de 2026
- Lugar: La Paz
- Exceso en volúmenes: más del 199%
- Desvío investigado: hasta 22 millones de litros
- Inversión estatal en infraestructura: más de 470 millones de bolivianos
- Número de cuentas suspendidas: más de 300
Informe de auditoría YPFB 2026
La comisión interministerial e interinstitucional encargada de la intervención a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) presentó este viernes 11 de septiembre de 2026 en La Paz un informe de auditoría de YPFB que identifica irregularidades en la comercialización de diésel y gasolina.
Hallazgos principales del informe
El viceministro de Transparencia, Yamil García, dio a conocer los hallazgos principales, entre los cuales destacan:
- La emisión de despachos de carburante sin facturación previa.
- La asignación de volúmenes que excedieron los límites en más del 199%.
- La alteración retroactiva de datos en los sistemas informáticos de la empresa estatal.
Procedimiento irregular en la entrega de combustible
Respecto a la entrega de combustible, el procedimiento obligatorio exige cobrar el dinero, emitir la factura de venta y generar la orden de salida antes de autorizar la entrega del producto. Sin embargo, según informó el medio televisivo Unitel, las inspecciones observaron que en múltiples ocasiones se entregó primero la gasolina o el diésel a los compradores y recién tiempo después se formalizó la factura, rompiendo el orden legal establecido para la comercialización de carburantes.
Cupos duplicados y entregas excesivas
Una segunda anomalía detectada corresponde a la distribución de cupos a clientes directos. Se registraron entregas de combustible que sobrepasaron en casi un 200% los volúmenes máximos autorizados.
El informe añade que se contabilizaron más de 40 casos en los que los retiros de combustible programados para distribuirse gradualmente a lo largo de varios días se realizaron en una sola jornada. Además, hubo entregas que superaron ampliamente los promedios de consumo habituales sin que los sistemas generaran alertas automáticas para detener el despacho.
Acceso no autorizado al sistema informático
El documento oficial expone también que usuarios externos ingresaron al sistema informático de la estatal petrolera para cambiar datos de salidas de combustible con fechas pasadas.
Esto se realizó con el fin de justificar o encubrir el desvío de diésel y gasolina. Según reportó Unitel, las intervenciones realizadas en las instalaciones tecnológicas de YPFB, ubicadas en la Avenida 16 de Julio de La Paz, permitieron identificar y suspender el acceso de más de 300 cuentas de usuarios externos que operaban sin autorización.
Investigaciones sobre desvío económico
En cuanto a los aspectos económicos y de volumen, la comisión investiga un posible desvío que alcanza hasta 22 millones de litros de carburantes.
Asimismo, el informe detalla que durante los últimos cinco años el Estado invirtió más de 470 millones de bolivianos en infraestructura informática y digital sin haber logrado un control que rastree el producto en tiempo real. Por esta razón, las indagaciones se ampliaron a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC).
Contexto y continuidad del proceso
Esta fiscalización responde al decreto supremo emitido por el Gobierno nacional para intervenir YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), tras la crisis de escasez de carburantes y las filas de vehículos registradas en el país durante el año 2026.
La comisión mantendrá las investigaciones activas para determinar las responsabilidades administrativas y penales correspondientes. Además, se avanza en la implementación de un sistema de seguimiento continuo que controle el combustible desde las plantas de almacenamiento hasta el consumidor final.
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