Ficha informativa
La crisis de incendios forestales en Bolivia en 2026 afecta gravemente ecosistemas y territorios indígenas, con un 75 % de las hectáreas quemadas en áreas previamente afectadas. Santa Cruz y Beni concentran el 86,7 % de la superficie dañada.
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Contexto:
Rafael Cabrera, especialista en Geomática Ambiental, enfatiza la necesidad de analizar las cicatrices de incendio para entender la degradación acumulativa. La Defensoría del Pueblo y el CEJIS han documentado un aumento significativo en los focos de calor, lo que indica un agravamiento del problema.
Cabrera critica las limitaciones operativas del Ministerio de Planificación del Desarrollo y el escaso avance en el cumplimiento de la Resolución Constitucional 233/2024. El problema está vinculado a normativas históricas que facilitan la expansión agropecuaria mediante desmontes.
Por qué importa:
La repetición del fuego sobre las mismas áreas impide la recuperación ecológica y agrava el deterioro estructural. La respuesta estatal es insuficiente, limitándose a la detección sin contención, lo que permite que continúen los daños en áreas protegidas.
Datos clave:
- 75 % de las hectáreas arrasadas corresponde a territorios con siniestros anteriores.
- 2.835 focos de calor reportados al 21 de julio de 2026.
- 2.536 focos contabilizados en el mismo periodo de 2025.
- 1.122 focos documentados entre el 17 y el 31 de agosto en 30 territorios indígenas.
- 86,7 % de la superficie afectada se concentra en Santa Cruz y Beni.
Crisis de incendios forestales en Bolivia 2026
La crisis de incendios forestales que golpea a Bolivia en 2026 va más allá de un evento climático aislado. Cerca del 75 % de las hectáreas arrasadas corresponde a territorios que ya habían registrado siniestros anteriores, reveló el especialista en Geomática Ambiental, Rafael Cabrera. En una entrevista concedida a la Agencia de Noticias Ambientales (ANA), el experto señaló que enfocar el monitoreo únicamente en los focos de calor es “seguir observando el síntoma y no la enfermedad”. A su juicio, la tecnología actual exige analizar las cicatrices de incendio y las huellas permanentes en el territorio para dimensionar la degradación acumulativa y la pérdida progresiva de los ecosistemas.
Impacto geográfico y datos alarmantes
El análisis cartográfico ubica a Santa Cruz y Beni como la “zona cero”, concentrando el 86,7 % de toda la superficie afectada a nivel nacional. Para Cabrera, el verdadero indicador de alarma no es solo la extensión de la superficie dañada, sino la repetición del fuego sobre las mismas áreas, lo que destruye la capacidad de recuperación ecológica y profundiza el deterioro estructural.
Focos de calor en aumento
Datos complementarios reflejan la gravedad del problema. La Defensoría del Pueblo reportó que los registros de 2026 superaron a los de 2025, alcanzando 2.835 focos al 21 de julio, frente a los 2.536 contabilizados en el mismo periodo del año previo.
Afectación a territorios indígenas
Entre el 17 y el 31 de agosto, el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) documentó 1.122 focos de calor distribuidos en 30 de los 58 territorios indígenas de las regiones del Oriente, Chaco y Amazonía.
Causas estructurales y respuesta estatal insuficiente
El especialista advierte que la respuesta estatal se mantiene en una dinámica de “detección sin contención”. Por un lado, criticó las limitaciones operativas del Ministerio de Planificación del Desarrollo con su Plan de Prevención de Incendios Forestales 2026. Por otro, denunció el escaso avance en el cumplimiento de las medidas obligatorias de la Resolución Constitucional 233/2024.
Normativas que facilitan el problema
Finalmente, Cabrera apuntó que el problema responde a un trasfondo estructural vinculado a normativas, leyes y decretos que históricamente han facilitado la expansión de la frontera agropecuaria mediante desmontes y quemas controladas. Ante este escenario, concluyó que las instituciones se limitan a contabilizar daños mientras el fuego continúa arrasando áreas protegidas y zonas de conservación sin freno.
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