Ficha informativa
La Cámara Automotor Boliviana rechaza la legalización de vehículos indocumentados, advirtiendo efectos negativos en el mercado formal y depreciación del patrimonio de propietarios legales.
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Contexto:
El presidente de la CAB, Jhonny Salvatierra, y el vicepresidente, Erick Saavedra, expresaron preocupaciones sobre la caída del precio de reventa y el impacto en los créditos bancarios. La propuesta fue presentada por el diputado Reinaldo Seas (Libre). Las autoridades gubernamentales han mostrado apertura al diálogo.
Bolivia se encuentra estancada en la norma de carburantes Euro 2, mientras que el mundo exige Euro 5 o Euro 7. La inestabilidad por bloqueos provoca que marcas internacionales evalúen retirar sus inventarios del país.
Por qué importa:
La legalización podría desincentivar la inversión en el sector automotriz formal, generar depreciación del patrimonio de propietarios legales y aumentar la demanda de combustibles. Además, podría potenciar el mercado negro de vehículos.
Datos clave:
- 2,5 millones de vehículos en Bolivia.
- 1 millón de autos indocumentados podría ser legalizado.
- 500.000 unidades regularizadas según la propuesta.
- 6.000 millones de dólares inyectados a las arcas estatales.
- Vehículos ilegales ofertados por 22.000 bolivianos.
Impacto de la legalización de autos chutos
El presidente de la Cámara Automotor Boliviana (CAB), Jhonny Salvatierra, advirtió que una eventual legalización de vehículos indocumentados tendría efectos negativos sobre el mercado automotor formal. Según Salvatierra, esta medida desincentivaría la inversión y generaría una depreciación del patrimonio de los propietarios que adquirieron sus motorizados cumpliendo la normativa vigente.
Reacción del comercio automotriz legal
La reacción de los representantes del comercio automotriz legal ha sido de absoluto rechazo, calificando la iniciativa como un duro golpe a quienes cumplen con las normas tributarias y aduaneras. Por su parte, el vicepresidente de la CAB, Erick Saavedra, advirtió que el precio de reventa de los motorizados legales sufrirá una caída estrepitosa. Esto afectará directamente al patrimonio de los ciudadanos que se endeudaron con créditos bancarios y trabajaron formalmente para adquirir un vehículo nuevo.
Consecuencias estructurales para el país
La CAB también puso el foco en las consecuencias estructurales que sufriría el país si el parque automotor actual, que cuenta con 2.5 millones de vehículos, absorbe repentinamente un millón de autos indocumentados. Salvatierra señaló: “La demanda de combustibles se va a volver mucho más dura e intensa, lo que empeorará la situación del país”.
Rezago tecnológico en Bolivia
Además, recordó el grave rezago tecnológico de Bolivia, que sigue estancada en la norma de carburantes Euro 2, mientras el mundo ya exige Euro 5 o Euro 7. Esta situación, sumada a la inestabilidad por los bloqueos, está provocando que varias marcas internacionales evalúen retirar sus inventarios del país.
Propuesta legislativa y sus implicaciones
La propuesta fue presentada por el diputado Reinaldo Seas (Libre), quien busca viabilizar un proceso “extraordinario y único” para nacionalizar vehículos indocumentados, conocidos como “chutos”, y maquinaria agrícola. El legislador asegura que la medida regularizaría más de 500.000 unidades e inyectaría 6.000 millones de dólares a las arcas estatales.
Afirmaciones del sector automotriz
El presidente de la Asociación Automotriz afirmó que dar luz verde a esta ley es “una patada al sector formal”. Denunció que en redes sociales y plataformas como Marketplace ya se ofertan vehículos ilegales por apenas 22.000 bolivianos, por lo que la amnistía solo potenciará el mercado negro. “El que pensaba comprar un vehículo legal ahora prefiere abstenerse, esperando conseguir dos autos usados o ‘robaditos’ por el precio de uno”, alertó.
Postura del gobierno ante la propuesta
A pesar de las alarmas del sector privado, las autoridades gubernamentales no han cerrado la puerta al proyecto y muestran una postura receptiva pero condicionada. El 30 de junio, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, abrió la posibilidad de iniciar un diálogo abierto. “Todo es posible. Hay que sentarse en mesas de trabajo y, si se considera que es una buena medida, habrá que analizarla”, declaró.
Opiniones sobre regularización
Por su parte, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, coincidió en que se requiere un proceso de regularización, pero aclaró que este debe incluir fuertes restricciones y ser, de forma categórica, la última vez que el Estado permita el blanqueo de autos contrabandeados.
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