Ficha informativa
La Defensoría del Pueblo de Bolivia activó vigilancia ante amenazas a Javier Fernández, presidente de la Cipoap, por su lucha contra la minería ilegal en el río Madre de Dios.
Toca para ver el contexto completo
Contexto:
Javier Fernández enfrenta amenazas por su lucha contra la minería ilegal. La Defensoría del Pueblo realizará seguimiento a las instituciones estatales para identificar a los responsables. El directorio de Cidob relaciona las amenazas con una demanda ambiental en defensa de comunidades afectadas por minería aurífera.
La Defensoría condenó las amenazas e intentos de intimidación hacia Fernández y su familia. Se destaca la importancia del liderazgo indígena en la protección del patrimonio natural amazónico y el cumplimiento del Acuerdo de Escazú.
Por qué importa:
La inacción gubernamental ante la minería ilegal pone en riesgo a comunidades y ecosistemas. La Defensoría del Pueblo exige garantías para el liderazgo indígena y un entorno seguro para quienes defienden derechos humanos y ambientales.
Datos clave:
- Fecha: 29 de octubre de 2026
- Año de la demanda: 2025
- Fecha de la medida precautoria: diciembre de 2025
- Número de Ley: N.º 1182
- Fecha de ratificación de la Ley: 4 de junio de 2019
La Defensoría del Pueblo activa vigilancia ante amenazas
La Defensoría del Pueblo activó el seguimiento, acompañamiento y vigilancia estricta a las instituciones estatales para identificar a los responsables de las amenazas contra Javier Fernández, presidente de la Central Indígena de los Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (Cipoap). Este dirigente enfrenta amenazas de muerte por desconocidos debido a su lucha contra la actividad minera ilegal en el río Madre de Dios, en la Amazonía Boliviana.
Acciones de la Defensoría del Pueblo
A través de un comunicado, la institución afirmó que realizará una “estricta vigilancia” sobre las actuaciones de la Fiscalía General del Estado, la Policía Boliviana, los ministerios correspondientes y las autoridades de la Jurisdicción Agroambiental. Además, exhortó a estas entidades a actuar con la debida diligencia para garantizar la seguridad del dirigente indígena.
Demandas de garantías para Javier Fernández
La Defensoría también demandó la consolidación y las garantías reales para la labor de Javier Fernández, quien ha denunciado la extracción ilegal de oro y promovido la expulsión de las balsas utilizadas en dicha actividad, informó Visión 360. El directorio de la Central Indígena de Pueblos del Oriente (Cidob) denunció que las amenazas al dirigente están “directamente relacionadas con la demanda de Acción Preventiva Ambiental” que desarrolla en defensa de las comunidades afectadas por la minería aurífera en el río Madre de Dios.
Medidas judiciales y acciones comunitarias
En diciembre de 2025, el Tribunal Agroambiental emitió una medida precautoria que ordenó la suspensión inmediata de la minería ilegal en el río Madre de Dios y mandó paralizar y anular las concesiones mineras que no cuenten con procesos de consulta previa, libre e informada (CPLI). La Defensoría del Pueblo destacó esta determinación en favor de los derechos indígenas.
Control territorial por parte de comunidades indígenas
En el año 2026, el Territorio Indígena Multiétnico II (TIM II) reclamó por el incumplimiento del Estado respecto a las decisiones asumidas por la justicia. Ante ello, decidió realizar el control territorial. El 26 de septiembre, Javier Fernández informó que los cinco pueblos originarios de la Amazonía de Pando decidieron asumir acciones para defender su territorio frente a los cooperativistas auríferos que operan en las riberas del río Madre de Dios.
Monitoreo y protección ante amenazas
La semana pasada, Fernández fue requerido por la Fiscalía de Pando para presentar pruebas sobre sus denuncias sobre la contaminación del río Madre de Dios con mercurio utilizado en la minería del oro. La Defensoría del Pueblo advirtió que mantendrá un monitoreo permanente para asegurar el cumplimiento de las garantías del debido proceso y proteger integralmente a quienes defienden la Amazonía y los derechos de la Madre Tierra.
Preocupación por amenazas e intimidaciones
La institución expresó su “profunda preocupación” y condenó enérgicamente las amenazas de muerte e intentos de intimidación denunciados a través de redes sociales contra el presidente de la CIPOAP y su entorno familiar. Es preciso recordar que el trabajo que realizan las autoridades y dirigentes indígenas es fundamental para el ejercicio de los derechos colectivos y la salvaguarda del patrimonio natural amazónico.
Obligaciones del Estado boliviano
El Estado boliviano tiene una obligación ineludible mediante Ley N.º 1182, ratificada el 4 de junio de 2019, para garantizar un entorno seguro. Esto incluye adoptar medidas adecuadas para prevenir, investigar y sancionar ataques o intimidaciones contra quienes denuncien vulneraciones a los derechos humanos en asuntos ambientales.
Desafíos ante agresiones ambientales
Con este pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo coloca bajo vigilancia el nivel de respuesta estatal frente a las agresiones que sufren los defensores del medio ambiente en la Amazonía boliviana. El seguimiento institucional buscará identificar a quienes amenazan al liderazgo indígena y evaluar la capacidad judicial para hacer cumplir los fallos ambientales vigentes.
Después de leer
Esta sección propone una forma distinta de interactuar con la información y comprobar qué tan clara quedó la nota.
