Ficha informativa
La Alcaldía de Cochabamba y Pofoma investigan un caso de biocidio tras el hallazgo de dos perros sin vida en un criadero clandestino. La comunidad exige justicia y sanciones severas para los responsables.
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Contexto:
Los vecinos reportaron olores fétidos del inmueble, lo que llevó a la intervención. La activista Vivian Sánchez denunció la crueldad extrema del suceso y exigió la pena máxima. Se menciona una disputa legal entre la expareja del dueño actual y el propietario encarcelado, quien no pudo acceder al inmueble para alimentar a los perros.
El padre del propietario intentó rescatar a los animales pero fue impedido por una orden de restricción. La defensa legal sostiene que la contraparte utilizó a los perros como mecanismo de presión.
Por qué importa:
Los colectivos animalistas se adhieren a la denuncia penal y presionan para que se aplique la sanción más severa. Las autoridades investigan el caso para determinar responsabilidades penales, mientras se cruzan acusaciones entre los involucrados.
Datos clave:
- Fecha del hallazgo: 3 de julio de 2026
- Lugar: Zona de Pucara, Cochabamba
- Número de perros encontrados: 2
- Raza de los perros: American Bully
- Número de caniles vacíos: 5
Maltrato animal en Cochabamba: un caso alarmante
Una nueva tragedia reactiva las alarmas sobre el maltrato animal en el país. La Dirección de Zoonosis de la Alcaldía de Cochabamba, junto a la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (Pofoma), inició una investigación formal por un presunto delito de biocidio. Este caso surgió tras el hallazgo, el pasado viernes 3 de julio, de dos perros sin vida en un inmueble de la zona de Pucara, al sur de la ciudad.
Hallazgo devastador y condiciones inhumanas
Los animales, ambos de raza American Bully, habrían fallecido por inanición extrema dentro de lo que se presume funcionaba como un criadero clandestino con fines lucrativos. El caso salió a la luz pública luego de que vecinos reportaran olores fétidos provenientes del interior de la vivienda. Al intervenir el lugar, el personal de Zoonosis encontró una escena devastadora: los cuerpos de los dos canes en avanzado estado de descomposición y al menos cinco caniles vacíos.
De acuerdo con informes preliminares, los animales sufrieron un prolongado tiempo de privación de agua y alimento, lo que desencadenó su muerte. La indignación de la comunidad no se hizo esperar.
Reacción comunitaria y presión social
Colectivos animalistas anunciaron su adhesión formal a la denuncia penal. La activista Vivian Sánchez calificó el suceso como un acto de crueldad extrema y adelantó que ejercerán presión social para que se aplique la sanción más severa a los responsables. “Esto no es solo culpa de esta señora, vamos a pedir la pena máxima. Eso no tiene perdón ni olvido”, sentenció Sánchez.
Además, destacó que la investigación debe ampliarse a otras personas involucradas indirectamente en el caso. “También hay gente como el anterior abogado, el juez que sabía de esta restricción de ingreso a la vivienda… tenían conocimiento de la existencia de los animalitos”, afirmó, cuestionando la inacción legal que rodeó el caso, según citó Red Uno.
Conflicto legal detrás del maltrato
Detrás de la muerte de los canes se esconde una compleja disputa legal y patrimonial. Según declaraciones del abogado Adolfo Paniagua, representante de la familia propietaria del terreno, los animales habrían quedado atrapados en medio de una separación conflictiva. La expareja del dueño actual, quien se encuentra encarcelado, presuntamente se quedó en el inmueble y habría condicionado la vida y entrega de los perros a cambio de la firma de transferencia del terreno.
El padre del propietario denunció públicamente que intentó ingresar al predio en repetidas ocasiones para alimentar y rescatar a los animales, pero le impidieron el acceso bajo el amparo de una orden de restricción. Según la defensa legal, la contraparte utilizó la vida de las mascotas como un mecanismo de presión y extorsión.
Investigación en curso
Actualmente, las autoridades competentes mantienen el caso bajo investigación para esclarecer el grado de responsabilidad penal de cada una de las partes. Mientras tanto, los colectivos defensores de los animales exigen que el peso de la ley caiga sobre quienes permitieron que los dos perros murieran de hambre.
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