Ficha informativa
La diputada Patricia Patiño presentó una denuncia sobre un presunto ‘triángulo de la corrupción’ en YPFB, vinculando a Luis Arce y Marcelo Arce Mosqueira. La denuncia señala la circulación de ‘gasolina basura’ que daña vehículos y un esquema de manipulación de contratos para beneficios privados.
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Contexto:
Patiño menciona que el esquema se consolidó desde la gestión del expresidente Luis Arce. Se identifica a Marcelo Arce Mosqueira como articulador de negocios estratégicos y a Jorge Alberto Roca Kauffman, actual director de YPFB, como socio de Energy Oil Corporation PM SRL, generando conflicto de intereses.
La denuncia destaca que la ‘gasolina basura’ es un negocio ilícito planificado, no resultado de fallas técnicas. Las empresas Energy Oil y Camin Cargo son mencionadas como operativas en el esquema corrupto, facilitando el movimiento del combustible.
Por qué importa:
Patiño anunció interpelaciones parlamentarias y procesos penales contra los responsables. Se busca esclarecer conflictos de intereses y la autorización para distribuir combustible contaminado, afectando el patrimonio público y la economía del país.
Datos clave:
- Fecha: 12 de febrero de 2026
- Organización: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)
- Número de preguntas en la Petición de Informe Escrito (PIE): 30
La diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Patricia Patiño, presentó este jueves una denuncia formal sobre un presunto “triángulo de la corrupción” que operaría en las estructuras más altas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Según la legisladora, este esquema no es reciente. Se habría consolidado y mantenido desde la gestión del expresidente Luis Arce, permitiendo que un grupo selecto de políticos y empresarios extraiga recursos del Estado mediante la manipulación de contratos de hidrocarburos.
El punto más crítico de la denuncia señala la operación de lo que Patiño denominó el “Cártel de la gasolina basura: del lobby del litio a la adulteración de combustible”. Este grupo sería responsable de la circulación de carburantes de bajísima calidad, mezclados presuntamente con agua y alcohol. Esto ha provocado daños masivos en motores y sistemas de inyección de vehículos en todo el territorio boliviano.
La diputada enfatizó que esta “gasolina basura” no es consecuencia de una falla técnica en las refinerías, sino un “negocio ilícito” planificado para maximizar ganancias privadas a costa del patrimonio público.
Identificación de los protagonistas
La denuncia identifica a los protagonistas de este entramado y señala nexos de influencia que vinculan el sector del litio con el de los hidrocarburos. Entre los señalados figura Marcelo Arce Mosqueira, hijo del exmandatario, a quien Patiño identificó como el articulador de negocios estratégicos. A él se suma Jorge Alberto Roca Kauffman, actual director de YPFB y exejecutivo de una filial rusa de litio.
Patiño subrayó que Roca Kauffman incurre en un evidente conflicto de intereses. Mientras toma decisiones en el directorio de la estatal, es simultáneamente socio de la empresa Energy Oil Corporation PM SRL, encargada del transporte de combustible en cisternas para la misma YPFB.
Vínculos contractuales denunciados
Patiño también apuntó al actual presidente de YPFB, Yussef Akly, denunciando que este mantiene vínculos contractuales con Roca Kauffman que se arrastran desde la administración anterior. En este esquema también fue mencionado Armin Dorgathen, anterior cabeza de la estatal (actualmente calificado como prófugo), y las empresas de logística Energy Oil y Camin Cargo.
Peticiones y acciones futuras
Según la diputada, estas compañías serían las piezas operativas que completan el triángulo. Facilitan el movimiento del combustible observado y aseguran la continuidad de los beneficios económicos para la denominada “cúpula del lobby”. Como medida inmediata, la parlamentaria informó sobre la presentación de una Petición de Informe Escrito (PIE) que contiene 30 preguntas clave dirigidas al Ministerio de Hidrocarburos, a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y a la propia presidencia de YPFB.
El objetivo es esclarecer por qué se permiten estos conflictos de intereses y quién autorizó la distribución del combustible contaminado. Finalmente, Patiño anunció que solicitará interpelaciones parlamentarias y la activación de procesos penales. Advirtió que “todos los responsables, incluidos directivos actuales y exfuncionarios, deberán rendir cuentas ante la justicia” por este presunto daño económico al país.
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