Ficha informativa
Organizaciones de la sociedad civil apoyan a Isidora Irma Alcón, alcaldesa electa de Huachacalla, ante presiones para forzar su renuncia. La Defensoría del Pueblo realizará un seguimiento al caso por posible vulneración de derechos políticos.
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Contexto:
Las autoridades originarias y pobladores cuestionan la candidatura de Alcón por supuestos incumplimientos de ‘usos y costumbres’. Estas tradiciones locales exigen que los cargos rotan entre las comunidades. Hernán Quispe, presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Oruro, afirmó que no se pueden modificar los resultados electorales.
El comunicado firmado por las organizaciones defiende la institucionalidad democrática y los derechos políticos de las mujeres. Se solicita activar mecanismos de protección para Alcón y que las instancias correspondientes actúen para evitar más presiones.
Por qué importa:
La presión sobre Alcón puede constituir acoso político, afectando su derecho a ejercer el mandato conferido por el voto popular. Esto también impacta en su familia y perpetúa estructuras patriarcales que excluyen a las mujeres del poder.
Datos clave:
- Nombre: Isidora Irma Alcón Flores
- Fecha de elección: 22 de marzo
- Porcentaje de votos: 69,21%
- Porcentaje del contrincante: 30,79%
- Número de organizaciones firmantes: Más de 50
- Fecha de asunción: 3 de mayo
- Número de Ley: N° 243
Acoso político en Huachacalla: Isidora Irma Alcón Flores bajo presión
Organizaciones y plataformas de la sociedad civil expresaron su apoyo a la alcaldesa electa de Huachacalla, Isidora Irma Alcón Flores. Este respaldo surge tras la presunta presión ejercida por autoridades originarias y pobladores del municipio, quienes cuestionan su futuro mandato por un supuesto incumplimiento de sus “usos y costumbres”. Desde la Defensoría del Pueblo se anunció que se realizará un seguimiento al caso, dado que se trata de una aparente vulneración de derechos políticos.
Resultados electorales y controversia
Isidora Irma Alcón ganó las elecciones el 22 de marzo con el 69,21% de los votos, superando a su contrincante que obtuvo el 30,79%. Sin embargo, algunas autoridades originarias alegan que no le correspondía ser candidata debido a un tema de usos y costumbres. Según estas tradiciones locales, los cargos deben rotar entre las comunidades.
Apoyo de organizaciones civiles
Más de 50 organizaciones y plataformas civiles firmaron un comunicado en defensa de Alcón. En este documento se afirma: “Las organizaciones, plataformas y redes de la sociedad civil que trabajamos en la defensa y promoción de los derechos humanos en Bolivia… alzamos la voz en defensa de la institucionalidad democrática, del Estado de derecho y de los derechos políticos de las mujeres”.
Leyes contra el acoso político
La Ley N° 243 contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres establece que presionar o inducir a autoridades electas a renunciar constituye acoso político. Además, el Reglamento para el Trámite de Recepción de Renuncias y Denuncias por Acoso y Violencia Política del Tribunal Supremo Electoral indica que ninguna renuncia es válida si hay indicios de presión o violencia.
Denuncias sobre violencia política
El comunicado también denuncia que estos hechos constituyen actos de acoso y violencia política orientados a impedir que una mujer ejerza el mandato conferido por el voto popular. Esto afecta además a su familia y reproduce estructuras patriarcales que buscan excluir a las mujeres de los espacios de poder, especialmente en cargos ejecutivos.
Mecanismos de protección solicitados
Asimismo, piden activar los mecanismos de protección para la alcaldesa electa y que las instancias correspondientes actúen para evitar que la presión continúe, respetando así los derechos de la autoridad que debe asumir el próximo 3 de mayo.
Declaraciones del Tribunal Electoral Departamental
Hernán Quispe, presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Oruro, explicó que se reunieron con las autoridades originarias para informarles que no pueden modificar los resultados electorales. Quispe afirmó que los resultados siguen el principio de preclusión; una vez oficializados, no se pueden modificar.
Las autoridades originarias sostienen que los cargos deben distribuirse según el “muyu”, una costumbre local que implica rotar las designaciones entre las cuatro comunidades que conforman Huachacalla.
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