Ficha informativa
El alcalde electo de Oruro, Iván Quispe, anunció acciones legales para dar seguimiento al caso del tomógrafo adquirido por el Gobierno Autónomo Municipal, estancado desde 2023. Su gestión buscará impulsar las investigaciones y esclarecer responsabilidades.
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Contexto:
El caso se originó cuando el Centro de Salud e Imagenología María Auxiliadora solicitó un tomógrafo de 64 cortes. Las licitaciones fueron declaradas desiertas en dos ocasiones. Finalmente, se adjudicó un tomógrafo de 32 cortes a la empresa Grupo Pulso.
Quispe mencionó que su equipo jurídico ya realiza un seguimiento previo al caso y que se fortalecerá una vez asuma el cargo. También expresó preocupación por la intervención de personas con poder que habrían frenado la investigación.
Por qué importa:
La situación ha generado denuncias y procesos penales contra exfuncionarios municipales y el representante legal de la empresa. Además, afecta la atención en salud en el municipio y plantea cuestionamientos sobre la administración de recursos públicos.
Datos clave:
- Fecha de solicitud del tomógrafo: 14 de junio de 2023
- Costo del tomógrafo adjudicado: 5.999.999 bolivianos
- Daño económico presunto: aproximadamente 1,5 millones de bolivianos
- Año de firma del contrato: diciembre de 2023
Caso tomógrafo: Quispe anuncia seguimiento a investigaciones
El alcalde electo de Oruro, Iván Quispe, anunció que al asumir funciones iniciará acciones legales y administrativas para dar seguimiento al caso del tomógrafo adquirido por el Gobierno Autónomo Municipal. Este proceso se encuentra estancado desde 2023 y no tiene resultados claros hasta la fecha.
Acciones legales y administrativas

Quispe señaló que, una vez en la “silla edil”, su gestión se apersonará formalmente a los procesos judiciales en curso. El objetivo es impulsar las investigaciones y esclarecer responsabilidades. “Desde que ingresemos vamos a empezar a trabajar en estos temas y vamos a ser parte de la investigación”, afirmó, al cuestionar la demora en el avance del caso.
Preocupaciones sobre la dilación del proceso
El alcalde electo manifestó su preocupación por la dilación del proceso, atribuyéndola a la intervención de personas con poder que habrían frenado el curso normal de la investigación. Aseguró que su equipo jurídico ya realiza un seguimiento previo y que se fortalecerá esta labor una vez que asuma el cargo.
Impacto económico en el municipio
Asimismo, remarcó que el municipio no puede quedar al margen de un caso que involucra recursos públicos. “No es posible que a nuestra municipalidad se le haya causado un daño económico millonario”, sostuvo, en referencia al presunto perjuicio identificado en las investigaciones.
Antecedentes del caso
El caso del tomógrafo se remonta al 14 de junio de 2023, cuando el Centro de Salud e Imagenología María Auxiliadora solicitó la adquisición de un equipo de tomografía axial computarizada de 64 cortes. El proceso fue gestionado por el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro mediante el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes).
Licitación y adjudicación
Durante la etapa de licitación, varias empresas presentaron propuestas por un monto cercano a 6 millones de bolivianos para la provisión de un tomógrafo de 64 cortes. Sin embargo, las convocatorias fueron declaradas desiertas en dos oportunidades debido a observaciones internas.
Posteriormente, el proceso derivó en la adjudicación de un tomógrafo de 32 cortes a la empresa Grupo Pulso, por un costo de 5.999.999 bolivianos, es decir, apenas un boliviano menos que las ofertas iniciales para un equipo de mayor capacidad.
Estado actual del equipo
Aunque el contrato fue firmado en diciembre de 2023, el equipo no ha sido puesto en funcionamiento hasta la fecha. Esto derivó en denuncias y el inicio de procesos penales contra exfuncionarios municipales y el representante legal de la empresa adjudicataria.
De acuerdo con datos preliminares, el presunto daño económico asciende a aproximadamente 1,5 millones de bolivianos. El caso se encuentra actualmente en etapa de investigación penal, bajo conocimiento del Ministerio Público y del órgano judicial.
Perspectivas futuras
En este contexto, cualquier decisión sobre el uso, traslado o puesta en funcionamiento del tomógrafo depende de las determinaciones judiciales, lo que mantiene al equipo inutilizado. Frente a este escenario, Quispe reiteró que su gestión buscará destrabar el proceso, impulsar las investigaciones y garantizar que se establezcan responsabilidades. Este caso ha generado cuestionamientos por la administración de recursos públicos y el impacto en la atención en salud en el municipio.
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