El presidente de Bolivia, Luis Arce, está buscando modificar la Constitución Política del Estado (CPE) a través de un referéndum sin la participación de la Asamblea Legislativa. Para lograrlo, espera el aval del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Dos de los tres temas propuestos por el presidente Arce para el referéndum están relacionados con una reforma de la Constitución. Ante esto, el diputado Juan José Jáuregui presentó un recurso ante el TCP, el cual fue admitido y se encuentra en análisis para determinar el procedimiento legal para convocar a esta consulta popular vía referéndum. Sin embargo, la oposición rechaza esta iniciativa argumentando que cualquier recurso del TCP es ilegal.
Esperando la respuesta del TCP
Arce está a la espera de la respuesta del TCP para definir “un camino único”, según informó el ministro de Justicia, Iván Lima. Se encuentra en una etapa de litigio constitucional que determinará cuál es la mejor opción a seguir. Mientras tanto, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) espera tener una figura clara sobre qué tipo de referéndum busca llevar a cabo el presidente.
Una propuesta que viene madurando
La idea de convocar a un referéndum para consultar a la población sobre la subvención del combustible, la modificación de escaños parlamentarios y la reelección presidencial no es nueva. Desde el primer semestre de este 2024, el Vicepresidente del país y presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, ha estado considerando esta propuesta.
El Auto Constitucional 326/2024 y la posibilidad de revisar el procedimiento
El Auto Constitucional 326/2024 del 16 de julio de 2024 ha admitido la posibilidad de revisar el procedimiento del referéndum en Bolivia. Según la Ley 026, el Presidente Arce está habilitado para convocar un referéndum, pero de acuerdo con la CPE, la reforma parcial puede llevarse a cabo por iniciativa popular con al menos el 20% del electorado o mediante la Asamblea Legislativa con dos tercios.
Análisis del TSE y rechazo de la oposición
El TSE, a cargo de Francisco Vargas, debe determinar si el referéndum propuesto es consultivo o constitucional, así como quién es su promotor. El ente electoral analizará las preguntas antes de enviarlas al TCP para su revisión. Mientras tanto, la oposición rechaza la intención de Arce, calificando al referéndum como “engañoso” y cuestionando su legalidad.
El senador Henry Montero de Creemos desechó el Auto Constitucional 326 del TCP, argumentando que fue admitido por los “auto prorrogados” para que Arce convoque a un referéndum constitucional por decreto. Según Montero, este auto constitucional no es legal y debe ser anulado.
