La diputada Adriana Giménez, quien representa a la Alianza Libre, ha solicitado un informe al Ministro de Desarrollo Productivo Rural y Agua sobre el caso del Fondo Indígena. En su solicitud, la diputada señala presuntos hechos de corrupción y la necesidad de fiscalizar el uso de los recursos estatales destinados a proyectos en diversas regiones del país.
La solicitud se realizó el 12 de diciembre de 2025, en el marco de un debate sobre la situación crítica que enfrenta Bolivia. Giménez ha indicado que están pidiendo información sobre las personas particulares e instituciones que habrían recibido recursos estatales.
También han solicitado detalles sobre las normas que se habrían utilizado para favorecer a individuos con recursos económicos del Estado boliviano. Además, requieren una lista de todos los proyectos ejecutados con fondos del Fondo Indígena, especificando el municipio, la ubicación y el monto de contrato.
Compromiso contra la corrupción
La diputada enfatizó que no permitirán que 20 años de corrupción queden impunes. “Estamos exigiendo toda esta documentación para que, cuando se nos sea remitida, la presentemos como prueba preconstituida”, afirmó Giménez.
Asimismo, mencionó que tienen información extraoficial sobre la posible implicación de dirigentes del Movimiento al Socialismo en estos hechos de corrupción. Desde la Alianza Libre, se ha rechazado el receso parlamentario propuesto, argumentando que “el país está en una situación crítica” y es necesario trabajar sin descanso.
Fiscalización de proyectos
Giménez destacó que continuarán fiscalizando los proyectos aprobados con recursos del Fondo Indígena y colaborarán con la prensa para hacer denuncias pertinentes. Se ha informado que más de 140 vehículos, vagonetas de lujo, se habrían entregado a dirigentes en el Chapare, relacionados con productores de hoja de coca.
La diputada también mencionó que son más de 1,000 las personas involucradas en irregularidades relacionadas con el Fondo Indígena. Finalmente, desde la Asamblea se comprometieron a trabajar para asegurar que todos los responsables de hechos de corrupción durante estos 20 años enfrenten consecuencias legales y resarzan los daños causados al pueblo boliviano.
