Oficiales en servicio pasivo de la Policía Boliviana, junto a familiares del subteniente Joaquín Castellón, han iniciado una campaña para recolectar firmas en diferentes centros urbanos. Su objetivo es exigir justicia y respaldo para el efectivo, quien actualmente se encuentra aprehendido e investigado por homicidio. Esta situación se origina a raíz de los enfrentamientos ocurridos en Colcapirhua y Cotapachi, en Cochabamba.
Defensa del subteniente Castellón
La defensa institucional del subteniente Castellón argumenta que utilizó su arma en legítima defensa. Esto ocurrió en el contexto de una situación que consideraron de “amenaza letal”, donde comunarios rodearon y agredieron a la patrulla policial.
El general Johnny Troncoso, quien representa a los generales en servicio pasivo, junto a la familia de Castellón, están organizando la defensa del uniformado en dos frentes. Troncoso ha declarado públicamente que Castellón “salvó la vida de sus camaradas” ante las amenazas de los manifestantes, quienes supuestamente intentaron quemarlos vivos.
Reacciones de las autoridades
Por otro lado, los oficiales retirados han expresado su condena hacia las declaraciones del vicepresidente Edmand Lara. Este solicitó públicamente una sanción penal y la baja del subteniente, exigiendo que las investigaciones se realicen con celeridad y probidad.
Campaña de recolección de firmas
La apertura de libros de firmas en mercados y otros puntos céntricos busca reunir un amplio apoyo ciudadano. El objetivo es que Castellón pueda continuar con su carrera en la policía y garantizar una equidad en el proceso judicial que enfrenta.
Detalles de la confrontación
El subteniente Castellón ha proporcionado a los investigadores un extenso relato que detalla la cronología de la confrontación. En su testimonio, busca justificar su acción como inevitable.
Castellón y un grupo de policías fueron enviados a la colina Sur siguiendo órdenes superiores. A las 09:30 horas, acudieron para socorrer a efectivos de la UTOP que estaban siendo acorralados por manifestantes.
Durante el repliegue, el grupo de policías quedó rodeado por aproximadamente 30 manifestantes que comenzaron a atacarlos con piedras, petardos y dinamitas. A pesar de que el subteniente intentó dialogar, el número de manifestantes creció rápidamente, superando las 100 personas, muchas de las cuales estaban armadas con explosivos y palos.
Castellón testificó que la agresión se volvió violenta, resultando en una funcionaria policial golpeada y varios efectivos heridos por impactos de bala en la pierna, pie y rostro. Ante esta “amenaza letal”, Castellón disparó de manera disuasiva al piso y, posteriormente, disparó contra un individuo que representaba un peligro inmediato para él y sus compañeros.
Situación actual del caso
A pesar del apoyo público y de la versión detallada que presenta como legítima defensa, el Ministerio Público ha mantenido la imputación por homicidio. El apoyo policial tardó cerca de 30 minutos en llegar, tiempo durante el cual los efectivos pudieron ser evacuados. La tensión persiste entre las organizaciones movilizadas, las autoridades municipales y la cúpula policial.
