Ficha informativa
Nueve maestros en Oruro cumplen el segundo día de huelga de hambre para rechazar la descentralización educativa. Exigen al Gobierno mantener la administración central y critican la transferencia de competencias a las gobernaciones.
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Contexto:
Elva Acho, representante de la Federación Departamental de Maestros Urbanos de Oruro, cuestionó la intención del Gobierno de transferir competencias a las gobernaciones. Recordó un acta firmada el 16 de mayo que aseguraba no descentralizar la educación.
Las movilizaciones incluyen una marcha programada para este viernes y una asamblea para definir acciones para un paro movilizado de 48 horas el lunes y martes próximos. La dirigente no descartó aumentar los huelguistas si no hay respuestas del Gobierno.
Por qué importa:
La transferencia podría generar cambios políticos en el personal docente y afectar la calidad educativa. Además, podría comprometer el carácter fiscal y gratuito de la educación, así como deslindar al Gobierno de sus obligaciones constitucionales.
Datos clave:
- Número de maestros en huelga: 9
- Días de huelga: 2
- Número de federaciones involucradas: 31
- Número de institutos tecnológicos urbanos en Oruro: 9
- Número de horas acumuladas ad honorem: 700.000
Maestros en huelga de hambre en Oruro
Al menos nueve maestros cumplieron este martes el segundo día de huelga de hambre en Oruro. Estos educadores rechazan el anteproyecto de descentralización educativa que plantea transferir la administración de los recursos humanos a las gobernaciones. Esta medida forma parte de una movilización nacional de maestros impulsada por las 31 federaciones departamentales y regionales del magisterio urbano. Los docentes exigen al Gobierno retirar esta propuesta y garantizar que la educación continúe bajo responsabilidad del nivel central.
Cuestionamientos a la descentralización

La representante de la Federación Departamental de Maestros Urbanos de Oruro, Elva Acho, cuestionó la intención de transferir nuevas competencias a las gobernaciones. Según afirmó, actualmente no cumplen plenamente con sus responsabilidades en infraestructura y equipamiento de estos institutos. Además, advirtió que el traslado de la administración del personal podría generar cambios de docentes por razones políticas con cada nueva gestión departamental, lo que no contribuiría a mejorar la calidad educativa.
Movilizaciones y acciones futuras
En Oruro existen nueve institutos tecnológicos urbanos, además de los establecimientos del área rural, cuyos docentes forman parte de las organizaciones del magisterio. Elva Acho también rechazó que las movilizaciones sean calificadas como políticas o ilegales. Recordó que el 16 de mayo se firmó un acta de compromiso con la entonces ministra de Educación, cuando el actual ministro se desempeñaba como asesor. En este documento se establecía que no se descentralizaría la educación.
Carga laboral y descuentos
Acho cuestionó la aplicación del principio de “hora no trabajada, hora no pagada”. Señaló que el magisterio urbano acumula más de 700.000 horas de trabajo ad honorem, realizadas gratuitamente por docentes durante años, incluso hasta su jubilación. Sostuvo que el Gobierno debería considerar esta carga laboral antes de aplicar descuentos por las jornadas de protesta.
Anuncio de marcha y asamblea
Como parte de las medidas de presión, el sector anunció una marcha para este viernes. Esta será seguida de una asamblea en la que las bases definirán las acciones para el paro movilizado de 48 horas previsto para el lunes y martes de la próxima semana. La dirigente no descartó incrementar la cantidad de huelguistas ante la falta de respuestas del Gobierno. Señaló que las movilizaciones podrían suspenderse si el ministro de Educación garantiza públicamente que no se descentralizará la administración educativa.
Impacto en la educación pública
La representante sindical advirtió que la transferencia de responsabilidades a las gobernaciones y municipios podría afectar el carácter fiscal y gratuito de la educación. Cuestionó que el Gobierno pretenda deslindarse de sus obligaciones constitucionales. También vinculó la propuesta con las condiciones de reducción del gasto público que, según su interpretación, estarían relacionadas con los préstamos gestionados ante organismos internacionales como el FMI, la CAF y el BID. El magisterio exige que se respete el artículo 77 de la Constitución Política del Estado, que establece la responsabilidad estatal en la educación.
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