Ficha informativa
La Corporación Minera de Bolivia (Comibol) presentó un anteproyecto de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional el 28 de septiembre de 2026, con el objetivo de endurecer sanciones contra la minería ilegal y permitir la defensa militar de yacimientos estatales.
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Contexto:
El anteproyecto responde a un acuerdo interinstitucional firmado el 1 de abril de 2026. Se basa en hechos violentos como el ocurrido en julio de 2026 en Huanuni, donde un trabajador minero y dos militares perdieron la vida, y otro efectivo resultó herido durante un operativo.
El anteproyecto autoriza a los efectivos militares a usar armamento para defender los predios públicos, aplicando criterios similares a los utilizados en la lucha contra el contrabando. Las penas se incrementarán hasta dos tercios en casos de reincidencia o uso de armas.
Por qué importa:
La propuesta busca frenar pérdidas económicas millonarias, reducir la violencia en los yacimientos y establecer un marco legal que coordine las acciones entre instituciones del Estado. Además, se espera promover la colaboración ciudadana mediante incentivos económicos.
Datos clave:
- Fecha: 28 de septiembre de 2026
- Pérdidas en Empresa Minera Huanuni: 2.988.228 bolivianos (236.679 dólares) al mes
- Afectaciones en Empresa Minera Colquiri: 21.393 dólares entre 2025 y 2026
- Pérdida potencial en Amayapampa: 4,80 kilogramos al año
- Ingreso furtivo mensual: unas 120 personas
- Grupos armados presentes: más de 300 integrantes
- Penas por financiamiento de minería ilegal: de tres a nueve años de cárcel
- Penas por impedir controles: de uno a tres años de prisión
- Incentivo económico para denunciantes individuales: 5% del valor del mineral recuperado
- Incentivo para comunidades campesinas o pueblos indígenas: 10% del valor del mineral recuperado
La socialización de la ley contra la minería ilegal
La Corporación Minera de Bolivia (Comibol) socializó en Huanuni un anteproyecto de ley destinado a fortalecer la lucha contra la minería ilegal en Bolivia y el robo de minerales. La entrega simbólica de la propuesta a representantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) ocurrió la mañana de este 28 de septiembre de 2026.
Esta norma, de alcance nacional, busca frenar millonarias pérdidas económicas en las empresas estatales, reducir la violencia en los yacimientos y establecer un marco legal de coordinación entre las instituciones del Estado.
Impacto económico del robo de minerales
Durante el encuentro, que reunió a autoridades gubernamentales, ejecutivos de Comibol y dirigentes de los trabajadores mineros, se expuso la gravedad del daño financiero provocado por el “juqueo” o hurto de mineral.
Según datos presentados por Nebraska Delgadillo Condori, abogada de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de Comibol, solo en la Empresa Minera Huanuni las pérdidas por el robo de estaño alcanzan los 2.988.228 bolivianos al mes (alrededor de 236.679 dólares), calculadas sobre un traslado promedio de 45 kilogramos en mochilas artesanales llamadas “kepirinas”.
A esto se suman afectaciones registradas entre 2025 y 2026 en la Empresa Minera Colquiri por 21.393 dólares y una pérdida potencial de 4,80 kilogramos de mineral al año en la unidad productiva de Amayapampa.
Condiciones de seguridad en los centros mineros
La propuesta legislativa responde a las difíciles condiciones de seguridad en los centros mineros, donde se registran ingresos furtivos de unas 120 personas al mes y la presencia de grupos armados con más de 300 integrantes provistos de explosivos, armamento y vehículos indocumentados.
Ante este escenario, el anteproyecto autoriza que los efectivos militares puedan hacer uso de armamento para defender los predios y el patrimonio público, aplicando un criterio similar al empleado en la lucha contra el contrabando, bajo los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad establecidos en la Ley N° 400.
Sanciones para quienes financian la minería ilegal
En el ámbito penal, los castigos hacia toda la cadena delictiva sancionan el financiamiento de la minería ilegal con penas que van de tres a nueve años de cárcel para quienes aporten recursos económicos o materiales. Además, se imponen penas de uno a tres años de prisión a quienes impidan con violencia o amenazas los controles realizados por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) o Comibol.
Las penas sufrirán un incremento de hasta dos tercios en casos de reincidencia, uso de armas o explosivos, afectación al medio ambiente, empleo de menores o participación de tres o más personas.
Incentivos para fomentar la denuncia ciudadana
Para promover la colaboración ciudadana, la norma propone entregar un incentivo económico del 5% del valor del mineral recuperado a denunciantes individuales y del 10% cuando la alerta provenga de una comunidad campesina o pueblo indígena.
Para hacer efectivo este pago, Comibol elaborará un reglamento interno y gestionará ante el Ministerio Público un procedimiento más rápido para la devolución del mineral incautado durante los operativos, garantizando siempre la reserva de identidad de las personas que denuncien.
Antecedentes y contexto
La medida tiene como antecedente un acuerdo interinstitucional suscrito el 1 de abril de 2026 y responde a hechos violentos como el ocurrido en julio de 2026 en Huanuni, donde un trabajador minero y dos militares perdieron la vida, mientras que otro efectivo resultó herido durante un operativo de control.
Tras esta jornada de socialización, que constituye la principal actividad informativa previa en los distritos mineros, las comisiones de la Asamblea Legislativa evaluarán esta propuesta técnica y jurídica orientada además por la Decisión 774 de la Comunidad Andina sobre la lucha integral contra la minería ilegal.
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