Ficha informativa
El Concejo Municipal de Oruro remitió al concejal Franklin Calizaya a la Comisión de Ética tras una denuncia del Ejecutivo Municipal. Calizaya calificó la medida como acoso y persecución, mientras el presidente del Concejo defendió el procedimiento como un formalismo administrativo.
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Contexto:
La denuncia contra Calizaya surgió tras una inspección en la Dirección General de Igualdad de Oportunidades, donde se reportó una demora en la atención de un caso de presunta pornografía infantil. Calizaya argumentó que su fiscalización fue motivada por una madre preocupada por la situación.
Calizaya enfatizó que continuará con sus labores de control y fiscalización, desafiando al alcalde a enfocarse en mejorar las condiciones laborales en lugar de amedrentar a los concejales. El presidente del Concejo, René Vicente, aseguró que el procedimiento es obligatorio ante cualquier denuncia formal y no tiene intenciones políticas.
Por qué importa:
La remisión a la Comisión de Ética podría afectar la relación entre el concejal y el Ejecutivo Municipal, generando tensiones políticas y cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo administrativo del Concejo.
Datos clave:
- Fecha de la sesión: 15 de septiembre de 2026
- Fecha de la inspección: 9 de junio de 2026
- Edad del niño afectado: cuatro años
- Sueldo mencionado: arriba de 10.000
Remisión a la Comisión de Ética del Concejo Municipal de Oruro
El pleno del Concejo Municipal de Oruro decidió remitir al concejal Franklin Calizaya a la Comisión de Ética, tras una denuncia presentada por el Ejecutivo Edil. Esta acción se originó después de una inspección realizada el 9 de junio de 2026 en las dependencias de la Dirección General de Igualdad de Oportunidades (DIO).
Calizaya califica la medida como acoso político
El concejal Franklin Calizaya calificó esta medida como un acto de “acoso” y “persecución a la autoridad” promovido desde el Ejecutivo municipal. Detalló que la remisión a la Comisión de Ética se definió en la sesión ordinaria del martes 15 de septiembre, después de leer una nota enviada por el alcalde Iván Quispe. Esta situación derivó en una votación que requirió el voto dirimente de la Presidencia del Concejo, registrándose tres votos a favor y tres abstenciones.
Motivo detrás de la denuncia
Calizaya expresó su descontento, preguntando: “¿Por qué? Por el tan solo hecho de hacer mi trabajo de fiscalización el 9 de junio pasado”. La intervención se originó tras una denuncia hecha por una madre sobre la demora en la atención de un caso de presunta pornografía infantil que afectaba a su hijo de cuatro años. Durante la inspección en la DIO, el edil comentó: “Nos sorprendemos cuando lo vemos a este abogado que ahora firma junto a la trabajadora social como denunciantes, estaban tomando té en horas de trabajo en los escritorios”.
Defensa del concejal y desafío al Ejecutivo municipal
Calizaya reafirmó su compromiso con las labores de control, amparándose en la Ley Municipal 166. Afirmó: “Quiero decirle al alcalde municipal de Oruro que esto no va a hacer que yo me calle […]; nosotros haremos nuestro trabajo de fiscalización como se debe”. Además, lanzó un desafío al Ejecutivo municipal, sugiriendo: “En vez de estar perdiendo el tiempo en amedrentar concejales, amedrentar a la prensa […], haremos una ley, mandaremos al congreso y nos bajaremos el sueldo, usted, yo, los concejales, sus secretarios municipales y todos aquellos que ganamos arriba de 10.000”.
Respuesta del presidente del Concejo Municipal
Por su parte, el presidente del Concejo Municipal, René Vicente, descartó que el procedimiento responda a intenciones políticas. Afirmó: “Persecución política en ningún momento. Él más bien tiene que ser más consciente en ese ámbito”. Vicente fundamentó su decisión señalando que la remisión obedece a un procedimiento administrativo obligatorio ante cualquier denuncia formal recibida.
Procedimiento administrativo y evaluación independiente
Vicente explicó: “Aquí por responsabilidad nosotros cuando llega una nota o una denuncia, automáticamente hay una Comisión de Ética donde ellos valoran si realmente cumplen los requisitos o los parámetros […]. Me parece que es un formalismo que se realiza y eso no es afectar a ninguna autoridad”.
Finalmente, aclaró que la instancia evaluadora actuará independientemente respecto a los antecedentes remitidos por el Ejecutivo: “En realidad toda denuncia viene de parte del alcalde que se remite y eso se tiene que tomar en cuenta, pero la parte denunciante es otra persona”, agregando que “la Comisión de Ética va a poder valorar y analizar si realmente es adecuada la denuncia correspondiente”.
Después de leer
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