Crisis de combustibles en Bolivia: Movimiento Cívico Nacional exige cambios

Crisis de combustibles en Bolivia

El 2 de septiembre de 2026, en la Casa de la Unidad en Cochabamba, el Movimiento Cívico Nacional, que representa a organizaciones e instituciones de los nueve departamentos, analizó la crítica situación económica y energética del país. A través de un comunicado, declaró: “La crisis de provisión de diésel y gasolina está motivada por la falta de recursos financieros del gobierno y la empresa YPFB”. Ante esta problemática, el Movimiento Cívico Nacional exigió al gobierno liberar inmediatamente las restricciones para que la empresa privada pueda iniciar la solución.

Propuestas del Movimiento Cívico Nacional

Además, propuso reducir la carga impositiva para los privados involucrados en la importación, comercialización y distribución de combustibles. Esto permitiría disminuir el contrabando, el agio, la especulación y evitar la corrupción. También se solicitó eliminar el cobro de aranceles aduaneros, como ocurre en Argentina y Brasil por su membresía en el Mercosur. El Movimiento Cívico Nacional demandó que YPFB apoye con su infraestructura a los importadores y distribuidores.

En su declaración enfatizaron: “La sostenibilidad energética debe construirse sin sacrificar la seguridad alimentaria ni el poder adquisitivo de la población”. Los puntos clave de su declaración incluyen:

• Exigencia de la derogación del Decreto Supremo 5676, argumentando que su aplicación incrementó costos y profundizó distorsiones de precios en la economía.
• Ajuste de la normativa que reglamente la subvención asfixiante, considerando la realidad económica y productiva del país.
• Propuesta de una nueva estructura de distribución de recursos tributarios nacionales: 50% para el nivel central del Estado y 50% para gobernaciones, gobiernos municipales, autonomías indígena originario campesinas y universidades públicas autónomas.
• Integración de esta propuesta al proceso de Pacto Fiscal y al régimen autonómico.

Agenda 50/50 y su impacto

En agosto de 2026, el Gobierno Nacional y los nueve gobernadores firmaron una agenda 50/50 orientada a revisar la distribución de recursos y fortalecer las autonomías. Los recursos deben distribuirse basándose en criterios de equidad, solidaridad y equilibrio territorial. El Movimiento Cívico Nacional también exigió al Poder Legislativo que se traten de inmediato las iniciativas legislativas en ambas cámaras para penalizar el bloqueo de vías fundamentales, lo cual afecta directamente al desarrollo económico y a la paz social.

Transformación del modelo energético

La declaración concluyó con un llamado a realizar una transformación del modelo energético del país, buscando reducir la presión fiscal y garantizar un abastecimiento sostenible de combustibles. Esta transformación debe hacerse bajo un criterio de justicia económica y protección social. Los efectos potenciales de no abordar esta crisis incluyen:

• Producción
• Transporte
• Alimentos
• Inflación
• Costo de vida

Por ello, se plantearon las siguientes soluciones estructurales:

• Proteger a la población
• Proteger la producción de alimentos
• Proteger el transporte estratégico
• Eliminar contrabando y fugas
• Optimizar la infraestructura nacional
• Aprovechar la capacidad de refinación
• Focalizar la protección económica
• Reducir costos antes de subir precios

Reunión con el Presidente

Finalmente, el Movimiento Cívico Nacional exigió al Presidente Rodrigo Paz, reunirse con los nueve presidentes Cívicos de Bolivia antes del 14 de septiembre. Indicaron que es imperativo que el gobierno garantice la seguridad alimentaria de todos los hogares y no cargue a la población y sectores productivos el costo de la crisis.

Postura del Gobierno Boliviano

El Gobierno de Bolivia ha descartado abrogar el Decreto Supremo 5676, aunque se mostró abierto a entablar mesas de diálogo para realizar ajustes técnicos a la norma con los sectores afectados. El ministro de Economía, Christian Morales, ratificó: “La eliminación del subsidio para Grandes Consumidores (GRACOS) se mantendrá para aliviar la carga fiscal del Estado”. Actualmente, el litro para este sector se fijó en 18 bolivianos, mientras que para transportistas y particulares se mantiene congelado en Bs 9,80.

Análisis por parte del Gobierno

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, anunció que convocarán formalmente a los sectores involucrados para revisar la aplicación de la medida, buscando “tomar decisiones en conjunto” y explicando con transparencia la realidad económica del país. Ante las quejas por las largas filas en los surtidores, el Ejecutivo analiza viabilizar sugerencias de los sectores productivos, como optimizar el registro informático B-SISA e implementar sistemas de compra anticipada para agilizar la distribución de carburantes.

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