Mientras ajustan al pueblo, agrandan la “caja”, ¿Quién controlara los bs. 2000 millones para YPFB?

La contradicción fiscal es demasiado grande como para pasar inadvertida.

Mientras el Gobierno justifica el retiro de la subvención al diésel para grandes consumidores como parte de las medidas necesarias para ordenar las finanzas públicas y reconoce públicamente que esta política se encuentra entre los condicionamientos vinculados al programa negociado con el FMI, simultáneamente duplica de Bs 1.000 millones a Bs 2.000 millones el margen de recursos que el Tesoro General de la Nación puede asignar a YPFB para cubrir diferenciales relacionados con la importación de combustibles.

Entonces corresponde una pregunta elemental:

¿Dónde está realmente el ajuste?

Porque si el sacrificio se traslada al productor, al transportista, al empresario y finalmente al consumidor, mientras paralelamente se ensancha la disponibilidad de recursos públicos para una estructura estatal seriamente cuestionada, el resultado puede terminar siendo exactamente el contrario al prometido, austeridad para el pueblo y mayor disponibilidad de recursos para el aparato estatal.

Y existe un problema todavía más grave, la ampliación se produce cuando la cadena hidrocarburífera continúa bajo fuertes cuestionamientos, no estamos hablando únicamente de acusaciones políticas. Autoridades del propio Gobierno han reconocido públicamente la existencia de “mafias internas y externas” alrededor del sector hidrocarburífero y se encuentran en curso investigaciones y denuncias por presuntos hechos de corrupción.

Por ello, antes de ampliar la billetera, el Estado debería explicar al país con absoluta transparencia cuánto cuesta realmente importar cada litro de combustible, quiénes intervienen en las operaciones, cuáles son los intermediarios, cuánto cuestan el transporte y la logística, quiénes se beneficiaron de los contratos y dónde terminaron los recursos públicos, no puede pedirse confianza ciega cuando existen semejantes antecedentes.

PRIMERO SANEAR, DESPUÉS PEDIR SACRIFICIOS

Antes de obligar al pueblo boliviano a soportar nuevas cargas económicas, corresponde cerrar las fugas, desmontar las mafias, transparentar los costos, investigar responsabilidades y depurar YPFB y toda la cadena de hidrocarburos.

El orden debería ser exactamente ese,

Primero eficiencia,

Primero transparencia,

Primero fiscalización,

Primero responsabilidades,

y solamente después discutir cuánto sacrificio adicional puede soportar la población

porque hacer lo contrario significa socializar el sacrificio sin disciplinar previamente al Estado y eso no constituye una verdadera reforma.

Bs 2.000 MILLONES EXIGEN Bs 2.000 MILLONES DE TRANSPARENCIA

Que una norma autorice hasta Bs 2.000 millones no significa que esos recursos sean automáticamente corrupción, afirmarlo sería irresponsable,

pero precisamente porque estamos hablando de una disponibilidad potencial de DOS MIL MILLONES DE BOLIVIANOS, el país tiene derecho a exigir mecanismos extraordinarios de transparencia, fiscalización y rendición pública de cuentas.

¿Quién controlará esos recursos?

¿Con qué criterios serán asignados?

¿A qué empresas se pagará?

¿Cuáles serán los precios internacionales utilizados como referencia?

¿Quién verificará los diferenciales?

¿Se publicarán contratos, proveedores, intermediarios y beneficiarios finales?

Esas respuestas deberían estar disponibles antes de desembolsar un solo boliviano.

EL AJUSTE NO PUEDE SER PARA UN SOLO LADO

Bolivia necesita ordenar sus finanzas públicas, eso es indiscutible, pero ordenar las finanzas públicas no significa simplemente trasladar la factura de años de ineficiencia, corrupción y malas decisiones al ciudadano.

Si habrá austeridad, que comience por el Estado,

si habrá sacrificios, que comiencen por quienes administran los recursos públicos, si habrá transparencia, que empiece por YPFB y por toda la cadena de importación y comercialización de combustibles.

El ciudadano no puede seguir pagando los platos rotos mientras las estructuras que contribuyeron a generar la crisis permanecen intactas, por eso nuestra posición es muy sencilla, ANTES DE AGRANDAR LA CAJA, HAY QUE CERRAR LOS AGUJEROS.

No más ajustes exclusivamente sobre el pueblo,

no más cheques en blanco,

no más recursos públicos sin fiscalización efectiva.

Bolivia necesita recuperar el control sobre su dinero y saber quién compra, quién vende, cuánto cuesta y quién gana con cada litro de combustible que paga el pueblo boliviano,

de lo contrario, existe un riesgo que el Gobierno tiene la obligación de despejar, que bajo el argumento de resolver la crisis energética terminemos financiando nuevamente las mismas estructuras que ayudaron a construirla.

El pueblo puede comprender un sacrificio cuando existe transparencia, lo que no tiene por qué aceptar es pagar más mientras el Estado continúa sin explicar suficientemente dónde se fue y dónde va su dinero.

* Jose Luis Toco
Ex Viceministro de Tecnologías Energéticas