Funcionarios bajo la lupa por uso indebido de bienes del Estado

Funcionarios de alcaldía bajo investigación por uso indebido de bienes del Estado

La investigación penal en torno al escándalo de presunto consumo de bebidas alcohólicas en las oficinas de Obras Públicas del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO) se amplía a más de 20 personas involucradas. Este caso ha generado un profundo revuelo político y administrativo debido al uso indebido de bienes públicos.

Detalles del escándalo y reacciones oficiales

José Manuel González, secretario municipal de Asuntos Jurídicos del GAMO, intentó matizar el alcance institucional al señalar que, durante las inspecciones oculares y el desprecintado posterior en las áreas de trabajo de los funcionarios aprehendidos, no se hallaron indicios directos. Sin embargo, reconoció que “nadie está negando el hecho” y prometió coadyuvar plenamente con el Ministerio Público una vez que los DVR confirmen la identidad de los implicados.

Pruebas y declaraciones del Fiscal Departamental

El Fiscal Departamental, Aldo Morales Alconini, ratificó oficialmente que se encontraron indicios y pruebas materiales de consumo de bebidas alcohólicas en al menos tres ambientes del recinto edil, validando así las denuncias iniciales. En cuanto a las medidas sustitutivas a los siete aprehendidos, mencionó que el grado alcohólico hallado en sus organismos es inferior a los 050 mg/l, el límite legal penalizado. Sin embargo, el caso se enfoca en el uso indebido de bienes del Estado.

Cuestionamientos y posibles acciones legales

El manejo del caso ha estado marcado por los cuestionamientos del concejal Franklin Calizaya Palenque, quien denunció el hecho tras una intervención realizada cerca de las 22:00 horas del viernes en la calle Velasco Galvarro. El legislador constató que las oficinas municipales se utilizaron indebidamente para guardar cervezas y mezclar bebidas alcohólicas entre la documentación oficial. Criticó duramente la inacción del alcalde Iván Quispe y la jefatura de Recursos Humanos, quienes —según su versión— conocían la situación esa misma noche pero no activaron los mecanismos de denuncia ni de transparencia oportuna.

Próximos pasos en la investigación

Ante estas omisiones, el concejal advirtió con iniciar acciones por incumplimiento de deberes contra las autoridades que encubrieron el hecho. Con el avance de las pesquisas, la ruta procesal contempla pasos determinantes enfocados por el Ministerio Público para esclarecer responsabilidades en el edificio municipal. En primer lugar, la investigación se extenderá formalmente a los demás implicados en función de las cámaras de vigilancia y el secuestro oficial de los dispositivos DVR que se tienen en el edificio.

Estos dispositivos permitirán individualizar fehacientemente a todos los funcionarios presentes. Posteriormente, se procederá con la ampliación de las imputaciones formales y la citación de nuevos involucrados detectados en las grabaciones. Finalmente, en el ámbito interno, se prevé la aplicación de procesos disciplinarios y sanciones drásticas por parte del ejecutivo municipal, cumpliendo con las normativas que prohíben el consumo de alcohol dentro de los bienes del Estado.

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