Ficha informativa
El Presidente Rodrigo Paz promulgó el Decreto Supremo 5675 de Organización del Órgano Ejecutivo el 13 de agosto de 2026, buscando reestructurar la administración pública con la reducción de ministerios y un enfoque en la eficiencia y racionalización del gasto.
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Contexto:
El nuevo organigrama busca optimizar funciones gubernamentales. El modelo se basa en la concentración de funciones y eliminación de niveles jerárquicos innecesarios. La concentración puede ser necesaria en un contexto de crisis fiscal, pero también presenta riesgos como cuellos de botella en la gestión.
El Ministerio de Economía controla múltiples áreas clave del Estado, lo que puede ser positivo en términos de coordinación, pero también plantea desafíos en cuanto a la regulación y promoción simultánea. La planificación estratégica podría verse afectada si es absorbida por intereses políticos.
Por qué importa:
La reestructuración puede llevar a una mayor eficiencia, pero también existe el riesgo de que se concentren demasiado poder y funciones en pocas carteras, lo que podría afectar la autonomía técnica y la capacidad para evaluar políticas públicas a largo plazo.
Datos clave:
- Fecha: 13 de agosto de 2026
- Decreto Supremo: 5675
- Número de ministerios: 12
- Número de viceministerios: 43
- Número de direcciones: 183
- Número de entidades desconcentradas, descentralizadas o autárquicas: 113
- Número de empresas públicas: 32
- Ministerios heredados por Paz: 17
- Viceministerios heredados por Paz: 58
- Direcciones heredadas por Paz: 231
- Disminución de cargos jerárquicos: 28%
El pasado 13 de agosto, tras nueve meses de gestión, el Presidente Rodrigo Paz promulgó el Decreto Supremo 5675 de Organización del Órgano Ejecutivo, una norma que busca reestructurar la administración pública a partir de un modelo basado en la concentración de funciones y la eliminación de niveles jerárquicos innecesarios. El Decreto incorpora como principios la eficiencia, eficacia, racionalización del gasto, simplificación administrativa, transformación digital, sostenibilidad y responsabilidad por resultados.
El nuevo organigrama tiene 12 ministerios de los que dependen 43 viceministerios, 183 direcciones, 113 entidades desconcentradas, descentralizadas o autárquicas y 32 empresas públicas. Además, incorpora a las Delegaciones y Representaciones Presidenciales que puedan crearse en el futuro. Paz había heredado un aparato gubernamental con 17 ministerios, 58 viceministerios y 231 direcciones, lo que representa una disminución de cargos jerárquicos del 28%.
Una de las características de la reorganización es el evidente nivel de desequilibrios en el mismo gabinete: Presidencia, Economía y Producción Sostenible controlan el 36% de las entidades gubernamentales. El problema no es solo cuantitativo: estas carteras concentran simultáneamente funciones de promoción, regulación, ejecución, supervisión y fiscalización, lo que conlleva el riesgo de que sus autoridades se conviertan en juez y parte.
El Ministerio de Economía emerge como uno de los grandes centros de poder del Ejecutivo. Además de macroeconomía y política fiscal, controla presupuesto, contabilidad, tributación, pensiones, tesoro, crédito público, inversión pública y financiamiento externo. En un contexto de crisis fiscal, esta concentración puede ser necesaria: no tiene mucho sentido planificar proyectos que el Estado no puede financiar ni presupuestar inversiones que no responden a prioridades nacionales. Pero también existe un riesgo: una oficina que maneja todo el circuito financiero del Estado puede convertirse en un cuello de botella para los demás ministerios.
El Ministerio de Producción Sostenible es otro ejemplo: reúne 61 entidades, incluyendo producción e industrialización, Mypes, agricultura, medio ambiente y comercio. Parece coherente, ya que producción y sostenibilidad necesitan estar conectadas. El conflicto surge cuando la misma autoridad debe simultáneamente promover actividades productivas y ejercer funciones regulatorias.
Un problema evidente es la asignación de áreas disímiles al Ministerio de Relaciones Exteriores que, además de política exterior, diplomacia y asuntos consulares, asume comercio exterior, promoción de inversiones extranjeras, turismo, culturas, patrimonio, folklore, gastronomía, inteligencia artificial y tecnologías emergentes. Estas materias tienen una dimensión internacional, pero su núcleo es doméstico y probablemente deberían permanecer vinculadas a carteras especializadas.
Otro desafío es el sobredimensionamiento del Ministerio de la Presidencia que controla la coordinación gubernamental, planificación estratégica, transparencia, seguimiento de resultados, modernización del Estado y articulación territorial. Esto puede ser positivo si se pretende que la planificación deje de ser un ejercicio burocrático y se convierta en una herramienta de conducción efectiva. Pero también presenta un riesgo: que la planificación sea absorbida por la lógica política y pierda la autonomía técnica necesaria para evaluar políticas públicas con una perspectiva de mediano y largo plazo.
Bolivia ha reducido su Estado en el papel, pero no necesariamente lo ha simplificado en la práctica. Ha cambiado la dispersión por la concentración, y ambos extremos, sin reglas claras de coordinación y rendición de cuentas, conducen al mismo destino, un Estado que administra su propia estructura en lugar de resolver los problemas del país. El Decreto 5675 es una apuesta audaz cuyo éxito se medirá en la capacidad de ejecutar lo que hoy es solo una norma aspiracional.
En un escenario de crisis, desinstitucionalización y polarización, puede ser una solución o un nuevo fracaso: todo dependerá de la voluntad política, la capacidad e idoneidad de los funcionarios y las condiciones de legitimidad y gobernabilidad política.
* Ronald Nostas Ardaya
Industrial y ex Presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
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