Cuando el desacato institucional termina dañando a los escolares

Más allá del conflicto jurídico que hoy enfrenta al Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta con una empresa adjudicataria, el caso de la Alimentación Complementaria Escolar ha dejado de ser únicamente una controversia administrativa. La sucesión de resoluciones constitucionales, autos judiciales y decisiones municipales ha terminado proyectando una preocupación mayor: qué ocurre cuando una institución pública mantiene un prolongado conflicto con la justicia y las consecuencias alcanzan directamente a un servicio destinado a los estudiantes.

De acuerdo con la documentación del expediente constitucional Nurej 80108740, el Tribunal de Garantías emitió una serie de resoluciones dirigidas a que el Gobierno Municipal adecuara su actuación a lo dispuesto por la justicia constitucional. Los posteriores Autos Constitucionales N.os 13, 15, 16 y 17 reflejan que, para el propio Tribunal, el cumplimiento de esas determinaciones no se produjo en los términos ordenados, situación que derivó en nuevas conminatorias, la remisión de antecedentes al Ministerio Público y la imposición de multas progresivas contra el Alcalde Municipal y el Asesor General de Asuntos Jurídicos.

Este aspecto merece una reflexión de fondo. En un Estado de Derecho, las resoluciones constitucionales no representan una simple recomendación dirigida a las autoridades públicas. Constituyen decisiones de obligatorio cumplimiento cuya finalidad es preservar la supremacía constitucional y garantizar la eficacia de la tutela judicial. Cuando una autoridad considera que una resolución es equivocada, el camino institucional no puede ser desconocerla, sino utilizar los mecanismos legales previstos por el ordenamiento jurídico.

El caso también pone sobre la mesa otro elemento preocupante: el costo económico del incumplimiento. Conforme al Auto Constitucional N.º 17/2026, la multa diaria establecida continúa acumulándose mientras no exista cumplimiento efectivo de las determinaciones judiciales. A ello se suma la tesis jurídica sostenida por la parte accionante, que plantea un cómputo distinto desde la concesión de la tutela constitucional. Aunque esta última interpretación aún forma parte de la posición jurídica del accionante y no de una disposición expresa del Tribunal, ambas hipótesis evidencian que la prolongación del conflicto puede generar un importante impacto económico.

Sin embargo, el aspecto más sensible no es el financiero. Lo verdaderamente preocupante es que el proceso de contratación de la Alimentación Complementaria Escolar permanezca sin ejecutarse. Según la información proveniente de la Dirección Distrital de Educación y de las unidades educativas citadas en el expediente, los estudiantes continúan sin recibir el complemento alimenticio mientras la controversia permanece sin solución. Cuando los efectos de un litigio institucional alcanzan a los niños y adolescentes, el debate jurídico deja de ser exclusivamente procesal para convertirse en un asunto de interés público.

La administración pública tiene la obligación de actuar bajo los principios de legalidad, eficiencia y responsabilidad. Ello implica no solamente defender las decisiones administrativas que considere correctas, sino también acatar las resoluciones judiciales cuando estas adquieren firmeza constitucional. La fortaleza de las instituciones no se mide por la resistencia frente a los fallos judiciales, sino por su capacidad de cumplirlos aun cuando resulten políticamente incómodos.

La ciudadanía también tiene derecho a conocer con claridad qué está ocurriendo. La transparencia exige que todas las partes involucradas expongan sus argumentos y que la población pueda formar un criterio informado. Por ello resulta indispensable escuchar la versión del Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta, así como la de las autoridades mencionadas y de la parte accionante, en resguardo del derecho constitucional a la defensa y a la réplica.

Este episodio deja una lección que trasciende a los protagonistas del proceso. Ninguna diferencia administrativa debería prolongarse hasta el punto de comprometer la continuidad de un servicio esencial para los estudiantes ni generar costos crecientes para la administración pública. Las controversias legales deben resolverse dentro del marco institucional, con apego irrestricto a la Constitución y a las decisiones de la justicia.

Porque cuando el desacato institucional se prolonga, el problema deja de pertenecer únicamente a los tribunales: termina afectando a la confianza ciudadana, a los recursos públicos y, sobre todo, a quienes menos deberían verse involucrados en una disputa jurídica, los escolares.

* Óscar Guillermo Yanne Banegas
Escritor, lector, poeta, promotor cultural