Sellarán más de 30 bocaminas ilegales en cerros de Oruro

Sellado de bocaminas ilegales en Oruro

Con el objetivo de avanzar en el cumplimiento de la Resolución Constitucional que ordenó la protección del Área Protegida Municipal de las serranías Santa Bárbara, San Felipe y Pie de Gallo, se desarrolló una reunión interinstitucional convocada por la Universidad Técnica de Oruro (UTO) para coordinar el cierre de las bocaminas utilizadas por la minería ilegal.

Participación institucional y objetivos

En este encuentro, que tuvo lugar el 30 de julio, participaron representantes de diversas instituciones, incluyendo la Gobernación de Oruro y la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin). Sin embargo, los asistentes lamentaron la ausencia del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO), la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y SENARECOM, entidades consideradas fundamentales para llevar a cabo las acciones previstas.

Comisiones de trabajo formadas

Como resultado principal de reuniones anteriores, se conformaron dos comisiones. La primera evaluará técnicamente el cierre de las bocaminas y los accesos abiertos por la actividad minera ilegal. Su objetivo es definir el procedimiento más adecuado para impedir nuevas intervenciones en el área protegida. La segunda comisión se enfocará en la coordinación institucional y el financiamiento necesario para estas acciones.

Presupuesto para el sellado

El rector de la UTO, Augusto Medinaceli, explicó que la universidad decidió involucrarse debido a su propiedad en el sector de San Felipe. Además, subrayó que la actividad minera no debe desarrollarse dentro de zonas urbanas ni en áreas protegidas. La UTO asumirá el componente técnico del cierre de las bocaminas.

Costo estimado del sellado

Según la propuesta presentada por la Carrera de Ingeniería de Minas, el costo estimado para sellar una sola bocamina asciende a más de 3.000 bolivianos. Este monto incluye mano de obra, maquinaria, perforación, explosivos y materiales. En total, se estima que hay más de 30 bocaminas en diferentes dimensiones que requieren ser selladas.

Demandas comunitarias y evaluación del daño

Rosa Linda Mamani, representante de la Junta de Vecinos Socavón I, explicó que se busca definir qué instituciones aportarán maquinaria y recursos económicos para ejecutar el sellado definitivo. Además, denunció que la explotación ilegal continúa expandiéndose y afecta al sector de La Tetilla, donde los vecinos reportan detonaciones nocturnas.

Próxima reunión programada

Para la reunión programada para el 13 de agosto, todas las instituciones involucradas deben presentar sus presupuestos y compromisos definitivos para iniciar el cierre de las bocaminas. Mamani recordó que las serranías constituyen un Área Protegida Municipal y patrimonio común.

Dificultades técnicas y económicas

La Carrera de Ingeniería de Minas presentó un informe técnico tras una inspección realizada el 29 de junio en el cerro San Felipe. Este documento establece que cerrar las bocaminas presenta importantes desafíos técnicos debido a la compleja topografía del sector.

Limitaciones económicas

El informe advierte sobre limitaciones económicas por los altos costos asociados a explosivos y mano de obra especializada. Durante la inspección, Fedecomin Oruro manifestó que no financiará los trabajos porque considera que las explotaciones corresponden a operadores ilegales.

Protección del área mediante resolución constitucional

Las acciones impulsadas forman parte del cumplimiento de la Resolución Constitucional emitida por el Tribunal Departamental de Justicia de Oruro. Esta resolución ordenó suspender inmediatamente las actividades mineras ilegales y elaborar un Plan de Manejo del Área Protegida.

Control social por parte de los vecinos

Los vecinos reiteraron su compromiso con el control social para garantizar el cumplimiento del fallo judicial. Recordaron que el artículo 385 de la Constitución Política del Estado reconoce a las áreas protegidas como patrimonio natural y cultural del país.