Ficha informativa
La Defensoría del Pueblo enfrenta una crisis financiera severa, resultando en el despido de 44 funcionarios y el cierre de oficinas. El presupuesto total para la gestión actual es de Bs 36,1 millones.
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Contexto:
Pedro Callisaya, defensor del Pueblo, confirmó la crisis en el programa La Tarde en Directo de Erbol. La reducción presupuestaria ha comprometido la operatividad institucional y debilitado la presencia del Estado en zonas críticas.
Callisaya desmintió versiones sobre un manejo excesivo de recursos, enfatizando que los recursos asignados a lo largo de 28 años no alcanzan los Bs 500 millones. A pesar de las restricciones, se mantendrán las labores fundamentales en defensa de los derechos humanos.
Por qué importa:
El ajuste afecta la estabilidad laboral de los trabajadores y limita la capacidad operativa de la Defensoría. Se prevé el cierre inmediato de una oficina y la clausura programada de otras cuatro sedes.
Datos clave:
- Despidos: 44 funcionarios
- Reducción presupuestaria: 30% en masa salarial y 10% en gastos corrientes
- Presupuesto total: Bs 36,1 millones
- Recursos históricos asignados: menos de Bs 500 millones en 28 años
Crisis en la Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo se enfrenta a una severa crisis financiera que ha comprometido gravemente su operatividad institucional. El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, confirmó en declaraciones al programa La Tarde en Directo de Erbol que la reciente reducción presupuestaria impuesta a la entidad ha obligado a ejecutar un ajuste de personal, resultando en el despido de 44 funcionarios.
Impacto en la estabilidad laboral
Esta medida de austeridad no solo impacta la estabilidad laboral de los trabajadores, sino que también debilita la presencia territorial del Estado en zonas críticas. Esto ha forzado el cierre inmediato de una oficina y ha dejado programada la clausura de otras cuatro sedes, las cuales se encontraban estratégicamente situadas en regiones fronterizas del país.
Ajustes presupuestarios significativos
Al detallar el alcance del recorte, Callisaya precisó que la institución ha tenido que gestionar una disminución del 30% en su masa salarial y un 10% adicional en sus gastos corrientes. Como consecuencia de estos ajustes, el presupuesto total con el que contará la Defensoría para la gestión en curso asciende a Bs 36,1 millones, cifra que deberá cubrir la atención de sus funciones en todo el territorio nacional.
Compromiso con los derechos humanos
Ante esta realidad, el defensor lamentó profundamente que la capacidad operativa de la institución se vea limitada de tal manera. Sin embargo, enfatizó que, pese a las restricciones, el organismo mantendrá sus labores fundamentales en la defensa de los derechos humanos, incluyendo las acciones necesarias para fortalecer la cohesión social y atender las secuelas de los recientes conflictos registrados en el país.
Desmentido sobre manejo de recursos
En el marco de esta situación, Pedro Callisaya aprovechó la oportunidad para cuestionar y desmentir las versiones que circulan sobre un supuesto manejo de recursos excesivos por parte de su institución. El defensor calificó como falsas las afirmaciones de ciertas autoridades que sugieren que la Defensoría ha dispuesto de un presupuesto extraordinariamente amplio.
Transparencia financiera
Aclaró que, al realizar un ejercicio de contabilidad histórica, ni siquiera la sumatoria de todos los recursos asignados a la institución a lo largo de sus 28 años de existencia alcanzaría la cifra de Bs 500 millones. Con esta aclaración, la autoridad busca transparentar la situación financiera de la entidad y resaltar el desafío que representa cumplir con su misión constitucional en un contexto de recursos cada vez más limitados.
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