Cementerio de Iroco: denuncias de entierros y exhumaciones ilegales

Denuncias de exhumaciones ilegales, desaparición de cuerpos y cobros abusivos por un lado; brujería, robo de tumbas, entierros al margen de la ley por otro. Esto es solo una parte del problema que cada día que pasa va creciendo alrededor del cementerio clandestino de Iroco, pero que no es data reciente, sino que ha ido forjándose por años y frente al cual muchas autoridades parecen haber decidido mirar hacia otro lado.

El cementerio de Iroco existe hace muchas décadas, al menos 80 años según algunos expertos en temas urbanísticos de la ciudad, como el exsecretario de Desarrollo Urbano, Carlos Delgado, quien aseguraba que hasta entrados los años 2000, el camposanto apenas superaba una hectárea en ocupación. Actualmente se calcula que hay cuerpos enterrados en casi 4 hectáreas y media.

Tras la pandemia de 2020, empezaron a surgir varios problemas en el lugar, aunque no tuvieron una repercusión masiva y quedaron sin respuesta. Ahora, en mayo de este 2026, varias personas salieron, en distintos días, a protestar por presunto cobros irregulares y la amenaza de exhumaciones masivas en caso de incumplir con dichos pagos; lo que reactivó problemas que ya se habían generado al menos seis años atrás.

Denuncias de cobros, exhumaciones y desaparición de restos

María Isabel Mullisaca, una de las personas que denuncia ser víctima de atropellos en el cementerio de Iroco, aseguró que el conflicto surge a raíz del intento de Jhonny Llave, administrador de una parte del camposanto, de realizar cobros para regularizar la situación de los restos mortales enterrados.

Según Mullisaca, el espacio donde tienen enterrados a sus familiares, se les otorgó de manera eterna y en ningún momento se les dijo que habría que realizar nuevos pagos, más que el inicial, al momento del entierro. “Cuando ha fallecido mi hija yo he pagado 500 bolivianos esa vez. Nosotros nos cavábamos, solamente era un pago del terrenito, nada más, porque era eterno, nada más nosotros hacíamos”, agregó.

De acuerdo a las denuncias de las afectadas, los pagos exigidos por Llave son de 3.400 a 3.800 bolivianos, lo que les daría el derecho de mantener los restos de sus familiares, por cinco años. Esto ha llevado, aseguran, a que muchas personas recurran a prestarse o empeñar objetos de valor, para evitar que les arrebaten el nicho. Quienes ya pagaron, por la desesperación, ahora piden se les devuelva el dinero.

En caso de no cumplir con estos pagos, de acuerdo a las denunciantes, se estaría procediendo a la exhumación de los cuerpos, pero no para que se les devuelva a las familias, sino para hacerlos desaparecer y que el nicho quede libre para ser vendido a otra persona.

Según Mullisaca y quienes le acompañan en su reclamo, existen al menos cuerpos desaparecidos, que fueron extraídos de sus tumbas y se desconoce su paradero; aunque aseguran que podrían ser más, pues se hallaron recientemente restos óseos tirados, pero no existen familiares que reclamen por ellos.

“Mi papá ya está casi 15 años… enterrado, pero yo era pequeña. Mis tíos lo han enterrado y cuando ya he crecido, me fui a Brasil, he ido a trabajar; he llegado… hemos hecho el nichito, hemos puesto la cruz y de ahí, cuando hemos vuelto ya estaba construido esto y ahí se ha desaparecido; la cruz estaba botado más allá… no había a quien reclamar… y no hay nada de su cuerpo, no hay”, relata una mujer que prefiere guarda su nombre en reserva.

Entierros clandestinos, brujería y amenazas

LA PATRIA conversó con Jhonny Llave, el hombre que es el punto de todas las denuncias de irregularidades en una parte del cementerio de Iroco. Él no solo niega estar pidiendo dinero de manera exagerada o de estar realizando exhumaciones y desapariciones de cuerpos, sino que considera que todo este problema surge porque su intento de regularizar el espacio que administra, afecta el negocio ilegal de otras personas que prefieren mantener el camposanto en la clandestinidad.

Llave afirma que su objetivo es regularizar la situación de la parte del cementerio que es de su propiedad; quiere amurallar para evitar robos y actividades ilegales, tener planos aprobados, etc, es decir, cumplir con todos los requisitos que pide la ley para este tipo de actividades, sin embargo para eso necesita tener los papeles en orden y datos actualizados de los fallecidos que están enterrados.

Sin embargo asegura que ha percibido una férrea oposición de algunas personas, por lo que presume que hay intereses detrás de las denuncias de presuntas exhumaciones y cobros. Pues si bien acepta que para cubrir algunos gastos necesarios para legalizar el camposanto estableció una tarifa anual, esta sería mínima, de 120 a 140 bolivianos por año, es decir, de 600 a 700 bolivianos por cinco años, muy lejos de los 3.400 a 3.800 denunciados.

Jhonny Llave considera que es necesario regularizar y poner al cementerio dentro del marco de las normas, pues actualmente, según denuncia, existen entierros que se hacen al margen de la ley.

“¿Por qué es que ha sucedido este tipo de cosas (cuerpos desaparecidos)? Porque es un cementerio que no tiene paredes, no tiene paredes. Entonces le digo hasta puedo asegurar que es un cementerio donde prácticamente muchos de los enterrados vienen de muertes dudosas. Vienen bebés abortados, aplastados, asesinados, matados… el que quiere, entierra; el que se cava, entierra; los borrachitos cavan, entierran o hacen enterrar los comunarios, vienen, hacen enterrar en realidad es como un escondite de muertes dudosas de entierros clandestinos”, manifestó.

Su intento de poner los papeles en orden, según Llave, afecta a quienes hacen negocio con los presuntos entierros ilegales, pues si bien éstos ocurren en otros espacios que no son parte de su terreno, el amurallar su propiedad y darle seguridad, podría terminar afectando a toda la zona.

“Apenas queremos hacer algo, todos empiezan a reclamar, todos empiezan a esconder algo, a no dar información. La verdad es increíble ese lugar. Como le digo, es un cementerio clandestino totalmente. Creo que por día hay tres entierros; por día. Hay entierro a los costados. Siguen cavando, siguen empezando, siguen ofreciendo nichos”, afirma.

Otro de los “negocios turbios” que presuntamente afectó Llave, es el de una persona que se dedicaría a la brujería. Según el administrador, una de las mujeres que es parte del grupo que hizo la denuncia en su contra, entraba habitualmente al cementerio entre la medianoche y las 02:00 horas, por la madrugada. “Esa persona que está denunciando es la curandera o era la curandera del cementerio… venía a hacer sus embrujos y todas esas cosas. Entonces nosotros, en varias oportunidades, el sereno le ha echado del cementerio y le ha prohibido que regrese”, añadió.

¿Quién es el dueño del cementerio?

Uno de los puntos que más polémica ha generado en este problema, es el derecho propietario del terreno en el que se emplaza este cementerio clandestino. Según quien responda a esta pregunta, hay tres, cuatro o incluso diez dueños; entre ellos Jhonny Llave, la comunidad de Iroco y se mencionan otros nombres más, pero en cuyos lotes no existen mayores problemas, al menos por ahora.

Las denunciantes cuestionan la legalidad del derecho propietario de Llave, afirman que no tiene papeles del espacio que administra y hasta iniciaron un proceso legal con este argumento.

Por su lado, Jhonny Llave afirma ser el propietario por herencia, pues su padre adquirió un terreno equivalente a ocho manzanas en el sector, y un 20% de su propiedad, está en el lugar del cementerio. Ambas partes mostraron a LA PATRIA documentos a su favor.

La Alcaldía y su histórica inacción

Tal como mencionó Carlos Delgado, cuando ejerció como autoridad edil en 2008, emitió un informe para regularizar el cementerio clandestino de Iroco; sin embargo esto no prosperó en el Concejo Municipal y el tema quedó estancado.

Hasta la fecha, salvo por una inspección en 2023 realizada por el concejal Jesús Cruz por denuncias de una construcción clandestina en el lugar, no se volvió a tocar el tema, sin embargo al estar los terrenos dentro del área intensiva del municipio de Oruro, existe responsabilidad de la Alcaldía para darle legalidad a esta actividad o intervenir de alguna manera.

Sin embargo, las personas que denunciaron las irregularidades y exhumaciones ilegales de cuerpos, no recibieron una respuesta ante una misiva enviada al actual alcalde; también solicitaron el apoyo del Concejo Municipal. En este último caso, se conoce que pidieron los informes necesarios para tomar medidas, según expresó el concejal Antonio de Jesús Bazán, pero de momento tampoco se tuvo mayores avances.

Ante el conflicto generado, Jhonny Llave expresó en la entrevista con LA PATRIA, la disposición de ceder el terreno que le pertenece a la Municipalidad, para que se encargue de la seguridad y de dar legalidad al camposanto.

“Estamos muy de acuerdo nosotros. Ya hemos entrado en reuniones internas y este cementerio causa problemas, causa peleas, nos hace enemigos a las personas sin conocernos. Es mejor entregárselo a la alcaldía este lugar que nos corresponde. El lugar que nos corresponde. Entregárselo a la alcaldía a costo cero. Pero queremos que alguien controle, alguien se responsabilice. Entonces ya la alcaldía verá si moderniza o no”, expresó Llave.

LA PATRIA solicitó mediante la unidad de Comunicación algún pronunciamiento oficial de la Alcaldía pero de momento no hubo respuesta. El alcalde Iván Quispe, el pasado 9 de junio se limitó a señalar que se está analizando el tema y que de acuerdo al trabajo que efectúe la Secretaría de Desarrollo Humano, se tomarán acciones.

Un problema que exige soluciones

Las denuncias realizadas tanto de un lado como de otro, requieren respuestas efectivas. Actualmente ya hay una denuncia en el Ministerio Público por la sustracción de cuerpos y estelionato, por tanto esto se ventilará en las instancias judiciales que amerite. Llave ha asegurado que responderá con documentos ante este panorama.

Sin embargo el problema no hallará solución solamente con este proceso, pues aún quedará pendiente la administración del cementerio y el problema social que acarrea este tema. Además el funcionamiento del camposanto seguirá siendo clandestino, por lo que las autoridades ediles tendrán la decisión final que determine una solución definitiva o si es que, al igual que en anteriores gestiones, miran hacia otro lado mientras la informalidad e ilegalidad continúan campeando en Iroco.