La Asociación Departamental de Propietarios de Estaciones de Servicio de Combustibles Derivados de Hidrocarburos de Santa Cruz (Asosur) ha declarado un estado de emergencia debido a la restricción que impide a las estaciones importar combustibles de proveedores distintos a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Esta medida, según la asociación, amenaza la continuidad del abastecimiento de combustibles en la región.
En un comunicado público, Asosur ha exigido la derogación inmediata de la Resolución Administrativa 051/2024. La organización considera que esta norma elimina la competencia y encarece los costos operativos para las estaciones de servicio. Además, han alertado sobre la crítica situación económica que enfrenta el Gas Natural Vehicular (GNV).
La asociación ha señalado que las estaciones no pueden seguir operando a pérdida, por lo que demandan un análisis urgente de la estructura de costos del GNV. Este análisis es fundamental para garantizar la viabilidad económica de las estaciones en el futuro.
Normas de calidad para combustibles
Otro punto importante en el pronunciamiento de Asosur es la exigencia de que todo combustible comercializado en Bolivia cumpla con normas internacionales de calidad. Esto tiene como objetivo principal resguardar la seguridad tanto de los usuarios como de las propias estaciones de servicio.
Asimismo, han reclamado el respeto a la Ley 3058, recordando que las estaciones son responsables de garantizar la seguridad, calidad, cantidad y continuidad en el suministro de combustibles a sus clientes.
Solicitudes a las autoridades
Finalmente, Asosur ha pedido a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) mayor celeridad en los trámites pendientes. También exigen una respuesta inmediata del Ministerio de Hidrocarburos respecto a la política de biocombustibles. En su pronunciamiento, la asociación señala que “la viabilidad del servicio depende de decisiones urgentes de las autoridades”.
La asociación considera que permitir la apertura de surtidores que no cumplan con el Decreto Supremo 24721 generaría una situación desventajosa para las estaciones que operan bajo regulación plena. Si se mantiene el escenario actual, se pondrá en riesgo la sostenibilidad del servicio de combustibles en la región.</p
