El Estado boliviano se prepara para una nueva acción legal en el caso conocido como Botrading. El procurador general del Estado, Hugo León La Faye, ha anunciado que el miércoles 7 de enero de 2026 presentará un informe oficial ante la Comisión de la Verdad. Este informe incluirá pruebas documentales sobre una supuesta red de corrupción que habría malgastado recursos públicos de manera “incontrastable”.
Nueva etapa procesal
El enfoque de esta nueva fase legal se centra en una transacción financiera entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la empresa Botrading. Según el informe de la Procuraduría, la estatal petrolera otorgó un préstamo de 80,000,000 dólares, de los cuales solo se ha recuperado 25,000,000 dólares.
Esto deja un déficit financiero de 55,000,000 dólares. Además del préstamo que no ha sido devuelto, la denuncia también menciona un desembolso de 1,500,000 dólares a un estudio jurídico por honorarios profesionales relacionados con este caso, pagos que ahora están siendo cuestionados por la justicia.
Instrucciones del presidente
León La Faye explicó que, siguiendo instrucciones directas del presidente Rodrigo Paz, se presentará una segunda denuncia formal en la ciudad de Santa Cruz. Esta acción legal se llevará a cabo en conjunto con YPFB y se suma al proceso que ya está en curso en los tribunales de La Paz por hechos similares.
“Vamos a presentar hallazgos importantísimos con prueba documental fehaciente que demuestran cómo se han dilapidado los recursos económicos del Estado”, afirmó el procurador en una conversación con Correo Del Sur.
Objetivo de la Procuraduría
La autoridad subrayó que el informe que se presentará ante la Comisión de la Verdad tiene como objetivo que el Ministerio Público y el Órgano Judicial identifiquen a los responsables, tanto individuales como corporativos, del desvío de fondos. La meta principal de la Procuraduría es activar todos los mecanismos necesarios para recuperar el dinero que pertenece al patrimonio de los bolivianos.
Pieza clave en la investigación
La comparecencia programada para este miércoles se perfila como un elemento crucial para desentrañar la estructura de pagos y créditos que, según la denuncia, se realizaron en violación de las normativas de transparencia y gestión pública.
