El Procurador General del Estado, Hugo León La Faye, ha anunciado que se intensificará una auditoría forense y legal a la empresa Botrading S.A., que es una subsidiaria de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Esta investigación se enfoca en presuntas irregularidades que involucran millones de dólares en la compra de combustibles. Las transacciones en cuestión ascienden a 857 millones de dólares, y actualmente se está evaluando este monto para determinar las responsabilidades tanto administrativas como penales.
Auditoría en marcha
Desde el 26 de diciembre de 2023, un equipo técnico de la Procuraduría se encuentra trabajando en las oficinas de YPFB en Santa Cruz. Su labor consiste en realizar un análisis exhaustivo de contratos y documentos relacionados con las operaciones de la empresa.
Para fortalecer el caso, León La Faye se reunió con el fiscal departamental, Alberto Zeballos. El objetivo de esta reunión fue coordinar acciones judiciales y reforzar los procesos penales en los que el Estado es considerado parte afectada.
Origen de la investigación
El inicio de esta investigación se remonta a 2023, cuando una comisión especial de la Cámara de Diputados, liderada por el entonces legislador Carlos Alarcón, identificó un daño inicial estimado en 355 millones de dólares.
No obstante, nuevos hallazgos fiscales han elevado esta cifra a casi el triple del monto original. Esto se debe a la detección de flujos financieros complejos en la relación comercial entre la subsidiaria y la estatal petrolera.
Comisión de la verdad
Estas acciones forman parte de la Comisión de la Verdad de los Hidrocarburos, que fue creada el 20 de noviembre de 2023 por el presidente Rodrigo Paz Pereira. Esta comisión tiene la tarea de investigar desfalcos, robos y corrupción en el sector energético.
Su alcance se extiende a más de 140 empresas públicas que presentan indicios de irregularidades durante las gestiones de gobiernos anteriores.
Declaraciones del presidente
En un acto público en Tarija, el presidente Paz anticipó “noticias fuertes y dolorosas” como resultado de estas investigaciones. Denunció la existencia de un “sistema de corrupción estructural” durante los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce.
Según el mandatario, se habrían desviado entre 800 y 1,000 millones de dólares anuales, principalmente a través del desvío de hasta el 40% del combustible subvencionado por el Estado boliviano.
Composición de la comisión
La Comisión de la Verdad está integrada por representantes de los ministerios de la Presidencia, Hidrocarburos y Economía, así como de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Procuraduría y legisladores de las alianzas Unidad, Libre y APB-Súmate.
Una vez que se concluyan las auditorías, los informes finales serán enviados directamente al Ministerio Público para iniciar el procesamiento penal de los involucrados.
