El Ministerio de Hidrocarburos y Energías ha dado a conocer un cambio importante en la política de distribución de combustibles en el país. Ante los problemas logísticos que se enfrentan actualmente, el Gobierno implementará un nuevo esquema de abastecimiento mayorista por regiones.
Nuevo esquema de abastecimiento
Este plan tiene como objetivo transferir la responsabilidad operativa a empresas adjudicatarias, tanto nacionales como internacionales, así como a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Esto se llevará a cabo bajo un sistema de licitaciones públicas que asegurará la provisión de gasolina y diésel en todo el territorio nacional.
El ministro de la cartera, Mauricio Medinaceli, indicó que áreas estratégicas como el departamento de La Paz y el Norte de Potosí funcionarán bajo este nuevo formato durante un periodo de 5 años. Esta medida busca romper con el estancamiento histórico de inversión privada en el sector, que se atribuía a la falta de incentivos claros.
Responsabilidades de las empresas
Con este modelo, las empresas que resulten ganadoras no solo se encargarán del suministro de combustibles, sino que también deberán modernizar las instalaciones y ofrecer servicios complementarios que mejoren la experiencia del usuario final.
Uno de los aspectos fundamentales de esta reforma es el fortalecimiento de la fiscalización. Medinaceli advirtió que el control estatal ha sido superado por la magnitud de la operación actual, donde ingresan más de 500 cisternas diarias al país. Esto ha permitido que actores inescrupulosos adulteren el combustible en la cadena de comercialización.
Control y sanciones
Bajo el nuevo régimen de concesiones, la sanción será inmediata: “Si no cumplen con la calidad, se les retira la licencia”. El Gobierno confía en que el control sobre un operador privado será más riguroso y efectivo que los mecanismos de supervisión anteriores.
Para facilitar este cambio, el Ejecutivo ya está trabajando en la reglamentación de normativas que eliminan barreras económicas. Entre los incentivos más destacados se encuentra el establecimiento de un Impuesto a los Consumos Específicos (ICE) de tasa cero para los importadores directos.
Eliminación de barreras burocráticas
Además, se están eliminando restricciones burocráticas y técnicas que antes dificultaban la compra externa de combustibles por parte de actores distintos al Estado. Esto permitirá un flujo de energía más dinámico y acorde a la demanda del mercado local.
Finalmente, la autoridad aclaró que esta medida no implica una privatización total ni una desregulación absoluta. El modelo será mixto: mientras que en zonas de alta demanda como Santa Cruz ya existe un mercado más liberalizado, el Estado mantendrá los bloques mayoristas regulados para asegurar que las regiones menos rentables o alejadas no queden desabastecidas.
Objetivo de soberanía energética
“El mercado no puede liberalizarse completamente porque las empresas se concentrarían solo en el eje central”, concluyó Medinaceli. Reafirmó que el objetivo final es lograr una soberanía energética equilibrada en todo el país.
