Tras una audiencia de medidas cautelares que se llevó a cabo este sábado, el Órgano Judicial decidió otorgar detención domiciliaria a 3 trabajadores de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb).
Estos individuos fueron imputados por el presunto delito de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. Esto ocurrió después de que fueran interceptados con una considerable suma de dinero en efectivo que no pudieron justificar durante las movilizaciones de la Central Obrera Boliviana (COB).
Detalles de la audiencia
El fiscal encargado de la investigación, Julio Carrafi, explicó que el juez no solo ordenó el arresto domiciliario, sino que también impuso medidas sustitutivas estrictas.
Los 3 mineros ahora tienen prohibido asistir a los lugares donde ocurrieron los hechos de violencia. Además, cuentan con arraigo nacional para evitar que salgan del país y deberán pagar una fianza de 10.000 bolivianos cada uno para poder beneficiarse de la detención en sus hogares.
Contexto de la detención
Los imputados fueron aprehendidos el pasado martes en las cercanías de la plaza Murillo, cuando la marcha sindical intentaba superar los cordones de seguridad policial utilizando petardos y cachorros de dinamita. Según el informe del Ministerio Público, los sujetos mostraron un evidente nerviosismo ante la presencia de los policías.
“Durante el operativo, se observó que uno de los ciudadanos, al darse cuenta de la proximidad policial, intentó ocultar rápidamente fajos de billetes dentro de una mochila y un yute blanco”, explicó el fiscal Carrafi. Esta conducta, junto con la falta de una explicación coherente sobre el origen y destino del dinero, llevó a su traslado inmediato a las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).
Cantidad de dinero involucrada
La pericia del Ministerio Público logró determinar que el total de dinero en efectivo encontrado entre los 3 manifestantes asciende a Bs 147.467.
El primer implicado llevaba la suma más alta: Bs 104.967. El segundo detenido fue encontrado con Bs 19.500, mientras que el tercer sospechoso tenía en su poder Bs 23.000.
Implicaciones de la investigación
Para la Fiscalía, la posesión de estas cantidades de dinero en efectivo durante una protesta social violenta es un indicio de posibles irregularidades financieras que necesitan ser investigadas a fondo. Esto es para determinar si el dinero proviene de fondos públicos o si tiene otros fines ilícitos.
Este incidente se suma a la creciente tensión política en el país, que se debe a las marchas de la COB y la Federación de Mineros. Estos grupos exigen la abrogación del Decreto Supremo 5503.
Dicha norma es el núcleo del conflicto, ya que establece el levantamiento de la subvención a los combustibles, una medida que los sectores sociales consideran un ataque directo a la economía popular. Mientras la investigación penal avanza contra estos 3 individuos, el sector minero estatal reafirma que no abandonará las calles hasta que el Gobierno revierta sus políticas económicas.
