La investigación sobre posibles actos de corrupción en la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) revela un daño económico que supera los 95 millones de bolivianos, según lo informado por el Gobierno. Sin embargo, los productores del sector sostienen que el impacto real podría ser mucho mayor.
Mario Moreno, presidente de la Asociación de Productores de Maíz y Sorgo (Promasor), señaló que las irregularidades en la venta de maíz subvencionado y el contrabando de grano desde Argentina se habrían manifestado desde 2020, coincidiendo con el inicio de la gestión del expresidente Luis Arce.
Moreno explicó que el sector productivo notó movimientos inusuales en la comercialización de maíz subvencionado. “Desde que asumió el último presidente, Arce, ya identificamos irregularidades. Detectamos una guerra sucia con los precios. Introducían maíz transgénico argentino que allá costaba 32 bolivianos el quintal y aquí lo revendían a 71, mientras Emapa lo subvencionaba a 65”, afirmó.
Impacto económico del contrabando
El dirigente calculó que solo por la diferencia de precios se generaba un margen de más de 20 a 30 bolivianos por quintal. Durante 4 años, habrían ingresado entre 400 mil y 500 mil toneladas de maíz de contrabando. Según sus estimaciones, este movimiento ilegal representaría un negociado que podría alcanzar los 100 millones de dólares, cifra que supera considerablemente el daño oficial reportado por el Gobierno.
Cuestionamientos al proceso penal
Moreno también expresó dudas sobre cómo se está llevando a cabo el proceso penal, especialmente en relación con el tratamiento otorgado al exdirector de Emapa, Franklin Flores. “Me parece raro que no le pongan medidas sustitutivas ni arraigo. No tiene lógica. Esto genera dudas porque él es responsable de este negociado que nos afectó durante años”, señaló.
Consecuencias para los productores
El dirigente de Promasor aseguró que la distorsión en los precios provocada por el contrabando y la manipulación de la subvención ha golpeado duramente al sector productivo. “Muchos productores trabajaron a pérdida. Otros migraron a diferentes actividades y dejaron de producir. Nuestra producción cayó a 300 mil o 350 mil toneladas, porque simplemente no podíamos competir con el maíz subvencionado e ilegal”, explicó.
Crisis en el sector agrícola
La situación ha generado una crisis en el sector agrícola, donde muchos productores se han visto obligados a abandonar sus actividades debido a las pérdidas económicas ocasionadas por estas prácticas irregulares. Además, la falta de acceso a biotecnología y las condiciones climáticas adversas han agravado aún más esta problemática para los agricultores locales.
