El caso consorcio, que involucra a exaltas autoridades judiciales y políticas, ha dado un giro significativo. La Fiscalía ha reactivado la investigación y ha decidido ampliar la imputación contra los implicados, incluyendo ahora el delito de organización criminal, al considerar que la conducta coordinada de los denunciados se adecúa a este tipo penal.
Entre los imputados por este nuevo cargo se encuentran el exministro de Justicia, César Siles, los exvocales Claudia Castro e Yván Córdona y el magistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Iván Campero.
La denuncia original, presentada a mediados de año, señala que estas personas actuaron de manera coordinada para presionar a un juez de provincia. El objetivo era direccionar una Acción de Cumplimiento para suspender la credencial de la magistrada titular Fanny Coaquira y, de esa forma, tomar control del cargo.
El fiscal Fernando Espinoza explicó la razón de la ampliación, determinando que hubo una coordinación entre los implicados y una división de roles específica para cometer el presunto ilícito.
El exministro Siles fue implicado en el caso tras conocerse el audio de una llamada donde presuntamente ofrecía protección al juez presionado, Fernando Lea Plaza, a cambio de que este emitiera el fallo instruido por el consorcio. El juez Lea Plaza colaboró con la investigación y reveló los vínculos del esquema. Sin embargo, en octubre, el magistrado perdió la vida en un suceso que las autoridades calificaron como suicidio.
Cuando el caso estalló en junio, provocó las renuncias de Siles como Ministro, así como de los exvocales Córdova y Castro, quienes también figuraban como parte del esquema.
Anteriormente, la investigación se centraba en los delitos de consorcio y tráfico de influencias, pero la ampliación a organización criminal ha extendido el plazo de investigación. Todos los implicados han sido convocados nuevamente a declarar y, en su totalidad, se acogieron al silencio.
Actualmente, solo la exvocal Castro cumple prisión preventiva en el penal de Obrajes. El exministro Siles y el resto de los implicados tienen detención domiciliaria. La única excepción es el abogado Antonio De la Fuente, quien se encuentra prófugo de la justicia.
El fiscal anunció que, dada la gravedad de la nueva imputación, se analizará si corresponde solicitar nuevas medidas cautelares más severas contra los imputados.
