La justicia determinó otorgar detención domiciliaria con resguardo policial y sin derecho a salida laboral al alcalde titular de Llallagua, Adalid Jorge Aguilar, quien es investigado por los violentos sucesos de junio pasado que dejaron cinco personas fallecidas, incluyendo tres policías y dos civiles.
El recurso de apelación presentado por la defensa del burgomaestre fue aceptado hace algunos días por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Potosí, en una audiencia que tuvo lugar en la capital potosina. El vocal Eugenio Marca Arce fue quien dio curso a la solicitud.
Según información reportada por Radio Pío XII – Norte Potosí, la nueva medida cautelar establece que Adalid deberá cumplir el arresto domiciliario en su residencia en Llallagua, bajo estricta custodia policial de uno o dos efectivos las 24 horas del día.
Esta determinación judicial implica que el alcalde saldrá del Centro de Readaptación Productiva de “Santo Domingo de Cantumarca”, donde fue enviado con detención preventiva en agosto de este año.
El fiscal Wilson Ojeda informó que, al no tener derecho a salida laboral, el alcalde Aguilar no podrá retornar a sus funciones en la administración municipal mientras continúe la investigación.
Aguilar fue detenido y enviado a prisión preventiva por un plazo de tres meses (que se cumpliría el 20 de noviembre) e imputado por los delitos de asesinato, homicidio, lesiones graves y leves, destrucción y deterioro de bienes del Estado y asociación delictuosa.
Los cargos se enmarcan en los hechos violentos registrados entre el 10 y 11 de junio, durante el desbloqueo de la carretera diagonal Jaime Mendoza en el Norte de Potosí, que culminaron con la muerte de cinco personas.
Anteriormente, el juez de instrucción penal de Llallagua, Erick Copa, había rechazado la solicitud de cesación de la detención preventiva presentada por la defensa, lo que motivó la apelación a instancia superior de justicia.
A seis meses de los hechos, la Fiscalía ha formalizado la imputación contra 53 personas, varias de las cuales se encuentran cumpliendo detención preventiva en distintas cárceles del país, incluyendo Cantumarca, el Centro Penitenciario San Miguel de Uncía y el Penal de San Pedro de Oruro.
