El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, presentó este martes 14 de octubre en La Paz un proyecto de ley y una propuesta de decreto supremo. Estas iniciativas están destinadas a garantizar el abastecimiento de combustibles en todo el país. La medida busca permitir que el sector privado importe diésel y gasolina directamente, en respuesta a la crisis que afecta a diversas regiones.
Cochamanidis afirmó que la situación actual es “insostenible” y que Bolivia ha “colapsado” debido a la falta de soluciones por parte del Gobierno. Explicó que el objetivo de las propuestas es agilizar la distribución de combustibles en un plazo de 90 días y reducir la burocracia en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
El ejecutivo del Comité Cívico Pro Santa Cruz mencionó que la estatal tiene más de 600 cisternas paralizadas, que contienen cerca de 20 millones de litros de carburantes en Santa Cruz.
Propuesta de importación directa
Cochamanidis indicó que el decreto propuesto permitiría a los surtidores comprar combustible importado de manera directa, sin intermediarios estatales. “Necesitamos una solución inmediata, los surtidores deben poder comprar de manera directa y acabar con los trámites que hoy frenan la distribución”, sostuvo.
El dirigente cívico presentó las iniciativas legislativas junto a legisladores nacionales y solicitó que el Senado apruebe el tratamiento de ambos proyectos con dispensación de trámite. Argumentó que se trata de una emergencia nacional que impacta en la producción, el transporte y la seguridad alimentaria. “No importa el color político, el hambre no distingue partidos”, declaró.
Respuesta del Gobierno
Por su parte, el Gobierno aseguró que el abastecimiento de combustibles está garantizado. El viceministro de Desarrollo Agropecuario, Álvaro Mollinedo, informó que hay 50 millones de litros de diésel destinados a la transición de gobierno y a la seguridad alimentaria. Sin embargo, admitió que aún no se tiene un requerimiento claro de parte del sector productivo y anunció una nueva reunión con representantes agroindustriales.
A pesar de que desde noviembre de 2024 rige el Decreto Supremo 5271, que autoriza de manera excepcional a empresas privadas la importación y comercialización de combustibles, los cívicos consideran que esa medida no ha sido suficiente y que la distribución sigue obstaculizada.
Evitar la crisis económica
Cochamanidis insistió en que la propuesta no busca favorecer a ningún sector político, sino evitar que el desabastecimiento agrave la crisis económica. “Si no se cosecha ni se siembra, el hambre nos va a llegar a todos. No se trata de salvar al Gobierno, sino de salvar al país”, remarcó.