La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, afirmó este jueves 18 de septiembre que el gobierno de Luis Arce no reconoce un proyecto de ley que busca extender el mandato presidencial. Alcón aseguró que las autoridades del Órgano Ejecutivo nunca fueron consultadas sobre esta propuesta.
La funcionaria subrayó que la iniciativa ha circulado sin el respaldo oficial necesario. Además, destacó que el Ejecutivo se mantiene firme en su compromiso con la democracia interna del Movimiento Al Socialismo (MAS) y del país en general.
Compromiso con la Constitución
Alcón recordó que desde que Luis Arce asumió la presidencia en 2020, se ha respetado la Constitución, a pesar de los bloqueos y de los intentos de acortar el mandato impulsados por facciones internas del partido. “Tengan la certeza de que a nosotros nunca nos han consultado, el gobierno desconoce ese proyecto de ley”, afirmó en una entrevista con radio Panamericana.
Transición ordenada y transparente
La viceministra añadió que el Presidente Luis Arce ha instruido coordinar la entrega del gobierno de acuerdo con la normativa vigente. Esto garantizará que la transición se realice de manera ordenada y transparente.
En este contexto, se han convocado reuniones con los candidatos al balotaje para asegurar que la administración electa pueda asumir sus funciones correctamente. También se busca que se respete la voluntad de la ciudadanía.
Escenario de segunda vuelta
“Hoy estamos en un escenario (…) de segunda vuelta, y la población elegirá a un gobierno para el siguiente periodo. Eso es lo que debemos respetar como proceso democrático”, enfatizó Alcón.
Rechazo a la prórroga
Por su parte, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, rechazó cualquier intento de prórroga del mandato o suspensión temporal de vocales. Aseguró que cualquier modificación debe ajustarse a la Constitución y al debido proceso.
Asimismo, garantizó que la segunda vuelta del 19 de octubre de 2025 se llevará a cabo bajo las mismas condiciones, padrón y reglas que la primera. Esto asegura la transparencia y legitimidad del proceso electoral.
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