El gobernador de La Paz, Santos Quispe, ha decidido no responder a ocho solicitudes de informes escritos que fueron presentadas por asambleístas departamentales. Estas solicitudes incluyen temas sensibles como la investigación sobre la muerte de una adolescente en el Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges), las destituciones de funcionarios y el caso relacionado con el consumo de bebidas alcohólicas en las instalaciones de la Gobernación.
Denuncias de los asambleístas
Los asambleístas Israel Alanoca y Samanta Coronado han denunciado que sus peticiones fueron devueltas sin respuesta. El argumento presentado por el gobernador es que solo pueden fiscalizar temas que estén relacionados con las comisiones a las que pertenecen. Ambos asambleístas forman parte de la Comisión de Infraestructura Productiva y Obras Públicas.
Coronado mencionó que solicitaron información sobre los funcionarios de la Gobernación que fueron llevados a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en estado de ebriedad. Además, pidieron copias de las grabaciones de las cámaras de seguridad, pero esta solicitud también fue rechazada.
Cuestionamientos al gobernador
Alanoca ha cuestionado la negativa del gobernador y ha afirmado que esto parece ser un intento de ocultar información. “¿Qué está ocultando Santos Quispe? ¿Por qué razón no nos quiere enviar la información?” se preguntó el asambleísta, según lo que citó este domingo 24 de agosto de 2025 el medio El Deber.
Las ocho cartas firmadas por Quispe, que fueron emitidas el 12 de agosto de 2025, argumentan que las comisiones de la Asamblea Legislativa Departamental tienen atribuciones limitadas a su área específica. En este sentido, el gobernador sostiene que no corresponde a la Comisión de Infraestructura fiscalizar a la Secretaría General de la Gobernación.
Denuncias de asesoría inadecuada
“También tenemos que denunciar al señor Freddy Cruz Laura, Edgar Morales y Marian Gutiérrez, que son los tres asesores chicaneros del señor Santos Quispe, quienes redactan estas cartas para que las firme el gobernador”, afirmó Alanoca.
Los asambleístas argumentan que la Constitución Política del Estado, la Ley Marco de Autonomías y la Ley Departamental 177 de Fiscalización y Transparencia les otorgan la facultad de fiscalizar cualquier tema, sin restricciones por comisión.
Además, señalaron que en gestiones anteriores recibieron respuestas a sus solicitudes, pero en estos ocho casos, la Gobernación ha cambiado de criterio.
