El exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, ha advertido que la próxima administración estatal en Bolivia enfrentará importantes desafíos. No solo deberá abordar el desabastecimiento de combustibles, sino que también tendrá que lidiar con cuestiones jurídicas relacionadas con la millonaria demanda presentada por la empresa Shell.
Ríos ha señalado que “le están dejando una bomba al próximo gobierno”. La disputa legal con Shell es vista como una señal negativa para los inversores externos, lo que podría afectar la confianza en el país.
Detalles de la demanda
Según el exministro, el monto que se discutía inicialmente estaba entre 10 y 12 millones de dólares. Sin embargo, este monto ha aumentado, aparentemente debido a nuevas observaciones realizadas en el caso.
Intervención del Estado
Shell sostiene que ha habido una intervención indebida del Estado en tres contratos con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Esta intervención ha reducido la rentabilidad de su inversión, lo que ha llevado a la empresa a tomar acciones legales.
Laudo arbitral anulado
Además, Shell denuncia que un laudo arbitral que fue emitido a su favor ha sido anulado por tribunales bolivianos. Esto se considera una denegación de justicia, lo que complica aún más la situación legal.
Incumplimientos y venta no autorizada
En su notificación, Shell también menciona incumplimientos de pago por parte de Bolivia. La empresa señala que no se le ha proporcionado la documentación necesaria para cerrar las relaciones contractuales.
Por si fuera poco, Shell denuncia la venta no autorizada de crudo que le pertenece. Estas acciones están afectando la percepción internacional sobre la seguridad jurídica en Bolivia y generan incertidumbre en el ámbito económico.
