La investigación sobre el secuestro de Erick Roberto Baeza Achá ha avanzado significativamente, según lo informado por el ministro de Gobierno, Roberto Ríos. Este ilícito ocurrió el 29 de julio y las indagaciones apuntan a una posible estructura criminal que involucra a familiares de la víctima, incluyendo a su hijastro, así como a personas con antecedentes penales.
La Policía ha logrado identificar un vehículo que fue utilizado en el rapto. Se trata de una vagoneta con la placa 5996-FND, registrada a nombre de Olimpia S. R., quien tiene antecedentes por legitimación de ganancias ilícitas y estafa. Hasta el momento, la mujer no ha sido encontrada en ninguno de sus domicilios registrados.
Durante la revisión de los movimientos del vehículo, se descubrió que su esposo, Hugo V. S., era quien se encargaba de cargar combustible. Este individuo también cuenta con antecedentes por narcotráfico. La denuncia sobre la desaparición de Baeza fue presentada por su hijastro, Reny Pablo D. L., quien estuvo acompañado de un bufete de abogados.
Sin embargo, tanto Reny Pablo como sus representantes legales han abandonado sus domicilios y no han respondido a las convocatorias de la Fiscalía para declarar. Según el ministro de Gobierno, los abogados involucrados son Carlos Henry G., candidato a diputado supraestatal por un partido político en campaña electoral, y su hermano Óscar Erwin G., quien tiene antecedentes relacionados con un caso de presuntas actividades ilícitas vinculadas a un millón de dólares.
Posible relación con el secuestro
Ríos afirmó que la inasistencia y desaparición tanto del hijastro como de sus abogados refuerza la hipótesis de que podrían estar relacionados con la autoría del secuestro. De acuerdo con la investigación, este caso podría formar parte de una red delictiva familiar, una práctica común en organizaciones criminales del país.
La Policía ha identificado a todos los presuntos involucrados y está trabajando para determinar si su participación fue material o intelectual. Las labores de inteligencia incluyen el ruteo del vehículo utilizado en el rapto, gracias a registros de cámaras de vigilancia y allanamientos en varios inmuebles asociados a los investigados.
Ninguno de los implicados ha sido hallado en los lugares donde solían habitar. Los captores se han comunicado con la familia de la víctima para exigir 2 millones de dólares a cambio de su liberación. Ríos detalló que los secuestradores inicialmente solicitaron un monto alto de dinero y, al no recibir respuestas positivas, han ido reduciendo esta cantidad.
Operativos de búsqueda
Además, el ministro informó que la Policía realizó un operativo de búsqueda en la zona de Urubó tras rastrear posibles movimientos de los implicados, aunque no se obtuvieron resultados positivos. “No se ha podido hallar a la persona secuestrada, pero hasta la fecha se sigue trabajando en la investigación para dar con su paradero”, agregó la autoridad.
Ríos también aclaró que las versiones difundidas en redes sociales que apuntaban a que los autores del secuestro serían policías o agentes antidrogas han sido descartadas. “En función a informes de la Felcc, la Felcn y el Comando Departamental de Santa Cruz, se confirma que no son efectivos policiales”, subrayó.
Advertencia a los implicados
El ministro hizo un llamado a los involucrados para que se presenten ante la justicia y advirtió que el caso no quedará impune. “Todos los elementos recabados permitirán establecer con mayor contundencia el grado de participación de cada uno de los implicados”, concluyó.
La investigación sigue en curso y no se descarta que el secuestro esté conectado con otros hechos delictivos que están bajo pesquisa en el país.
