Bolivia tardará al menos 2 años en salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Esta situación se debe a la falta de una ley específica contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. La información fue proporcionada por el ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, en una conferencia de prensa el miércoles 18 de junio.
Durante la conferencia, Montenegro presentó un proyecto de ley que tiene como objetivo cumplir con los requisitos establecidos por el organismo internacional. En esta presentación, estuvo acompañado por la ministra de Justicia, Jessica Saravia.
La inclusión del país en esta lista se atribuye a la ausencia de legislación adecuada en esta área. Para revertir esta situación, el Ejecutivo ha enviado un anteproyecto de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Este anteproyecto incluye modificaciones al Código de Procedimiento Penal, que incorporan técnicas especiales de investigación, como el uso de agentes encubiertos y entregas vigiladas.
Advertencias del ministro
Montenegro advirtió que si esta normativa no se aprueba, Bolivia no podrá salir de la lista gris y podría incluso ser incluida en la lista negra. “Tenemos 2 años para corregir el rumbo”, afirmó el ministro. Desde 2021, se han intentado aprobar leyes similares, pero estas han sido archivadas o abrogadas debido a las observaciones de diferentes sectores sociales, que consideraban que estas normas permitirían la persecución de opositores.
“Dimos un paso atrás como país al anular la ley 386. Ahora estamos volviendo a retomar el camino”, agregó Montenegro.
Nuevas herramientas para la lucha
La ministra Saravia destacó que las nuevas herramientas permitirán desmantelar estructuras criminales que operan con empresas fachada, cuentas en el exterior y múltiples monedas. También indicó que delitos como la trata y tráfico de personas requieren métodos complejos de investigación.
“Estas modificaciones no son opcionales. Son parte de exigencias explícitas del GAFI. Debemos cumplir si queremos recuperar la credibilidad internacional”, afirmó Saravia.
Urgencia en la aprobación
Durante la ronda de preguntas, las autoridades reiteraron que el proyecto será socializado y que su aprobación es urgente. Esto es necesario para evitar sanciones adicionales o trabas al sistema financiero boliviano. También aseguraron que la información requerida por organismos judiciales y el Ministerio Público será proporcionada en casos sensibles.
Evaluación futura del GAFI
La próxima evaluación del GAFI está programada para dentro de 2 años. En este plazo, Bolivia debe demostrar avances significativos. De lo contrario, el país podría enfrentar consecuencias mayores en el ámbito financiero internacional, como restricciones a transacciones y un mayor escrutinio en los flujos de capital.
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