Bolivia ha sido incluida en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) durante la plenaria que se llevó a cabo del 10 al 13 de junio de 2025 en Estrasburgo, Francia. Esta decisión se debe a las deficiencias que presenta el país en su lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Esta medida tiene un impacto negativo en la imagen financiera de Bolivia. Fernando Romero, presidente del Colegio de Economistas de Tarija, calificó esta noticia como “negativa y pésima para el Estado boliviano”. Además, advirtió que la inclusión en esta lista generará un rechazo político y económico a nivel internacional. “Esto es consecuencia de que no se aprobaron las normas requeridas por el GAFI, muchas de ellas bloqueadas por la oposición y sectores internos del propio oficialismo”, apuntó.
Consecuencias de la inclusión
Romero también mencionó que la falta de avances en leyes clave contra el lavado de activos refleja un problema técnico y una parálisis política. “Estamos frente a acciones que terminan beneficiando a quienes quieren mantener vacíos legales para actividades ilegales como el narcotráfico, el terrorismo o el enriquecimiento ilícito”, sostuvo.
En el ámbito económico, advirtió que este estatus afectará las posibilidades de financiamiento externo y dañará la imagen de Bolivia ante los mercados. “Ya tenemos informes negativos de calificadoras de riesgo, y se cuestiona nuestra capacidad de pago. Ahora, con esta inclusión, Bolivia será vista como un país poco confiable y riesgoso para la inversión”, agregó.
Observación especial del GAFI
Ser parte de esta nómina implica que Bolivia estará bajo observación especial del GAFI y otros organismos internacionales. Esto puede traducirse en mayores controles financieros, restricciones para acceder a créditos internacionales y una caída en la confianza de los inversionistas.
A pesar de ello, el Gobierno minimizó la decisión y la atribuyó a factores políticos. En un comunicado, el Ministerio de Economía responsabilizó a la oposición y al ala radical del Movimiento Al Socialismo (MAS) por el “sabotaje” a leyes clave, como la abrogada Ley 1386.
Compromisos asumidos por Bolivia
“Bolivia cumplió con más del 90% de las recomendaciones del GAFI, pero no pudo promulgar una norma esencial debido a la desinformación y la politización”, indica el documento. Desde 2021, el Ejecutivo había advertido que el país corría el riesgo de ser incluido en la lista gris tras frenar normas propuestas en el marco del Presupuesto General del Estado 2024 y otras iniciativas contra el crimen financiero.
A pesar de los cuestionamientos, Bolivia aceptó compromisos con el GAFI y Gafilat, que incluyen la aplicación de técnicas especiales de investigación en casos de lavado de activos; mayor control sobre sectores vulnerables como inmobiliarias, abogados y contadores; sanciones por no registrar correctamente a beneficiarios finales; y un aumento en investigaciones judiciales por legitimación de ganancias ilícitas. El organismo internacional reconoció algunos avances en inteligencia financiera y decomisos.
Plazo para adecuarse a recomendaciones
El viernes, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, explicó que la entrada del país a la ‘lista gris’ del GAFI no implica ninguna sanción por el momento. Sin embargo, Bolivia debe adecuarse a las observaciones y recomendaciones en un plazo de 2 años para evitar penalizaciones. “Nosotros tenemos un plazo de adecuación para ir cumpliendo esto y si no hacemos esta adecuación, obviamente sí vamos a tener sanciones”, dijo en conferencia.
Montenegro detalló que las sanciones estarían relacionadas con el acceso a créditos externos y la actividad financiera. La principal recomendación es que Bolivia promulgue una norma en rango de ley para luchar contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo. Una vez elaborada esa ley, Bolivia dejará la lista gris.
Además, Montenegro destacó que se cumplieron “otras dimensiones” que fueron elogiadas por el GAFI. Por cuestiones de tiempo, indicó que deberá ser la próxima gestión legislativa quien promulgue una ley estableciendo técnicas especiales contra el lavado de activos.
