La Confederación Nacional Hidrocarburífera, Energética y Petroquímica de Bolivia, a través de su dirigente ejecutivo Ludwig Sánchez Mier, presentó este martes 3 de junio de 2025 una denuncia penal en contra de varios altos ejecutivos vinculados a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Esto se debe a su presunta responsabilidad en el caso conocido como Botrading.
El sector ha demandado a las autoridades ante el Ministerio Público de La Paz, por un total de 9 delitos. Entre estos se incluyen el enriquecimiento ilícito, la conducta antieconómica, el uso indebido de influencias y el daño económico al Estado.
Sobreprecios en importación de combustibles
Sánchez Mier señaló que, a través de la empresa Botrading S.A., una subsidiaria de YPFB con sede en Paraguay, se incurrió en millonarios sobreprecios en la importación de combustibles. Esta situación ha afectado gravemente a las finanzas del país y ha contribuido a la actual escasez de carburantes, al desabastecimiento interno y a la presión inflacionaria.
Ejecutivos acusados
Entre los acusados se encuentran el presidente de YPFB, Armin Dorgathen; la presidenta de Botrading, Sandra Betania; la gerente de Productos Derivados de YPFB, Gabriela Delgadillo; la gerente de Contrataciones Corporativas de la estatal, Cintia Pedrazas; el Gerente General de YPFB Refinación, Julio Camargo; el exgerente de YPFB Refinación y actual presidente de YLB, Omar Alarcón; el gerente de Logística de YPFB, Félix Cruz; y el gerente general de Botrading, Rolando Ayala.
Informe de la Comisión Especial
Sánchez indicó que la denuncia está respaldada por el informe de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, que investigó el caso entre marzo y mayo de 2025. Esta comisión concluyó que Botrading recibió pagos por más de 828 millones de dólares a través de 12 contratos, cuando el valor real debía estar alrededor de 661 millones de dólares.
Además de los sobreprecios, los parlamentarios identificaron operaciones sin respaldo contractual, falsedad documental y una estructura societaria sin presencia legal en Bolivia. Esto caracterizó a Botrading como una empresa fantasma.
Impacto en la economía del país
Según las investigaciones, Sánchez advirtió que el sobreprecio en la compra de combustible ha drenado recursos públicos por hasta 3,000 millones de dólares anuales. Este desvío de divisas ha contribuido a la escasez de dólares y a la creciente inflación en el país.
Asimismo, mencionó que empresarios privados ofrecieron alternativas de financiamiento para importar combustibles sin recurrir a intermediarios. Sin embargo, estas propuestas fueron rechazadas por el Gobierno, que impuso la obligación de operar exclusivamente a través de Botrading.
Solicitudes de seguridad y justicia
El dirigente pidió garantías para su seguridad y la de otros denunciantes, ante posibles represalias por parte de los implicados. También solicitó una reunión con el Presidente Luis Arce y el apoyo de las organizaciones sociales para exigir justicia y transparencia en las compras estatales de hidrocarburos.
La denuncia penal fue formalizada en un contexto donde persisten largas filas en estaciones de servicio en todo el país.
