La Policía Boliviana ha aprehendido a 22 marchistas que apoyan a Evo Morales por estar transportando combustible y material policial sin la debida autorización. Esta información fue confirmada este viernes por el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo.
Del Castillo explicó que estas personas fueron detenidas el jueves en flagrancia, mientras trasladaban combustible desde la región del trópico de Cochabamba hacia la Sede de Gobierno. El operativo se llevó a cabo en la localidad de El Tolar, que se encuentra en el departamento de La Paz.
Retoman la movilización
Este viernes, la movilización se reanudó desde El Alto con destino a la sede de Gobierno. En respuesta a la situación, el abogado Nelson Cox afirmó que se están cometiendo arbitrariedades bajo la dirección del ministro de Gobierno, en relación a la marcha, señalando que se están llevando a cabo “operativos arbitrarios e ilegales”.
Cox argumentó que una movilización pacífica está protegida por estándares internacionales y, en este sentido, la Policía no debería realizar requisas obligatorias.
Reacciones legales
El abogado también mencionó que se informará a la Relatoría y al Comité de Derechos Humanos sobre lo que consideran una violación de la norma. Otro abogado vinculado a Evo Morales indicó que se les comunicó que las aprehensiones se debieron a almacenamiento peligroso y asociación delictuosa.
Este abogado añadió que los aprehendidos fueron trasladados desde Satélite hasta la Comisaría en la Ceja de El Alto. En su informe, Del Castillo indicó que entre los detenidos se encontraron herramientas que son de uso exclusivo de la Policía Boliviana, como bastones policiales. También aseguró que estas personas estaban transportando combustible en bidones.
Defensa de los marchistas
Ante estas afirmaciones, Cox admitió que efectivamente se estaba moviendo combustible durante la marcha. Sin embargo, argumentó que los participantes de la movilización llegaron de diferentes sectores y necesitan esos carburantes para regresar a sus regiones una vez que termine la manifestación.
Cox concluyó que no se puede considerar criminalizable algo que el propio Gobierno ha generado, refiriéndose a la escasez de gasolina y diésel en el país.
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