Pobladores de la provincia Saucarí llevaron a cabo un bloqueo el 7 de febrero de 2025 en el municipio de Toledo, específicamente en el sector del Puente Aroma, ubicado en la carretera Internacional Oruro – Pisiga. Esta medida fue tomada en demanda de maquinaria pesada que les permita realizar el cavado de vigiñas. Después de varias horas de protesta, los manifestantes decidieron declarar un cuarto intermedio.
Protesta por maquinaria pesada
Los comunarios, junto con algunas autoridades locales y originarias, obstruyeron la vía utilizando tierra y promontorios de piedra. Además, establecieron una vigilia en el lugar. Edgar Choque Guaygua, un representante de los movilizados, expresó su descontento a través de la página de Facebook, señalando la negligencia de la alcaldesa de Toledo, María Estela Ayma. Según Choque, la alcaldesa no ha adquirido la máquina brazo largo que se había discutido desde 2022, a pesar de que había fondos disponibles para ello.
“La señora alcaldesa se pone soberbia, ya no obedece a nuestros tata mayores, jueces ni corregidores que estamos acá. Más al contrario, nos pone a la justicia, pero estamos unidos y estaremos en la lucha. Pedimos la destitución de la señora alcaldesa”, afirmó Choque en su publicación.
Estado de emergencia
Por la noche, los movilizados informaron a LA PATRIA que habían decidido un cuarto intermedio hasta nuevo aviso. Sin embargo, ratificaron su estado de emergencia y su solicitud de un informe sobre la maquinaria que están exigiendo.
LA PATRIA intentó comunicarse con la alcaldesa de Toledo, María Estela Ayma Paco, pero no se logró establecer contacto. No obstante, fuentes extraoficiales indicaron que la alcaldesa ofreció una entrevista a un medio de comunicación local, donde supuestamente afirmó que había cumplido con todos los procesos necesarios, pero que la licitación había fracasado.
Movilizaciones previas
En días anteriores, los movilizados habían comenzado su protesta tomando la Alcaldía de Toledo y realizando una vigilia. Posteriormente, se trasladaron a Oruro, donde denunciaron que la autoridad edil les había iniciado procesos por acoso político. Finalmente, el 7 de febrero, tomaron la carretera internacional Oruro – Pisiga, reiterando su demanda de un informe sobre la maquinaria que requieren.
